Al cierre de 2022, hay mil 034 presos por motivos políticos en Cuba, de acuerdo con el conteo de la organización de derechos humanos Prisoner Defenders.

Tan solo en noviembre pasado, se sumaron 24 al listado.

Cada mes, Cuba sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas, y encarcelando y procesando penalmente a decenas de nuevos presos políticos. La represión no sólo no cesa, sino que sigue manteniendo unos niveles inhumanos”, aseguró el organismo con sede en Madrid.

De ellos, 792 prisioneros políticos presentes en la lista han sido sentenciados con penas de hasta 30 años.

En tanto, 174 han sido condenados a un promedio de diez años de privación de libertad cada uno.

La situación de los presos políticos se agravó con las protestas de los días 11 y 12 de julio de 2021, en los que cientos de personas salieron a manifestarse contra el gobierno castrista que encabeza el presidente Miguel Díaz-Canel.

Desde entonces, artistas han sido juzgados por procesión, sin acceso a un juicio basado en el debido proceso, denunció Prisoner Defenders.

De los presos políticos, 34 son menores de edad, quienes se encuentran en centros de reclusión llamados Escuelas de Formación Integral.

La pena media de estos menores condenados por sedición es de cinco años de privación de libertad, denunciaron los activistas.

Es un castigo en promedio superior al que sufrían, antes del 11 de julio, los adultos en prisión política”, detalló la organización en su conteo, que se actualiza mensualmente.

Hay que tener en cuenta que esta elevada cifra, sin embargo, no contempla otros muchos niños que ya han salido de la lista por haber cumplido íntegramente sus condenas”, agregó el reporte.

Para la organización no partidista, los motivos de detenciones apuntan a las críticas al oficialismo.

Los convictos de conciencia y condenados de conciencia son aquellas personas cuya privación de libertad es consecuencia de la violación por motivos políticos, raciales, de género, ideológicos o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, del ejercicio de los derechos de libertad de conciencia, pensamiento, expresión, manifestación, reunión y/o asociación u otros derechos humanos fundamentales, explicó Prisoner Defenders.

El nuevo Código Penal, que entró en vigor el 1 de diciembre, incluye medidas relacionadas con los ilícitos.

(El código) protege el sistema político y estatal socialista, del conjunto de acciones y actividades que se cometen contra el orden constitucional y con el propósito de crear un clima de inestabilidad social y un estado de ingobernabilidad”, dice la ley.

Este proyecto es parte de una serie de leyes, como la de soberanía alimentaria, del código de familias y de datos personales, destinadas a complementar la nueva Constitución, aprobada en 2019.

El código penal tipifica 37 nuevos delitos relacionados con “las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación”, explicaron los autores.

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