La violencia surge en las sociedades como disonante del orden, de la paz y de la seguridad de los ciudadanos. Preocupantemente, se observan crecientes manifestaciones de violencia entre los ciudadanos.

Esta violencia – verbal, física y otras- es generadora de tensión, preocupación, confrontación y hasta reacciones violentas, sin importar el plano en el que se produzcan. Incluso, la violencia se exterioriza en diversos grados y con riesgos distintos, en cada plano, según las circunstancias de la esfera en que se incuban y desarrolla.

La violencia social se manifiesta durante la permanente interacción entre los ciudadanos: la violencia política, durante los procesos electorales; la violencia deportiva, durante las disputas por los triunfos en algunas ramas del deporte; la violencia laboral, durante algunas confrontaciones que surgen de las relaciones entre patrones y trabajadores, entre estos: incluso la violencia estudiantil, en los espacios educativos.

En la actualidad, la violencia que más preocupa a los mexicanos, de acuerdo con las encuestas de medición de la percepción de los hechos antisociales que se cometen cotidianamente, es la violencia criminal.

La violencia criminal es sinónimo de agravio y desacato a nuestro estado de derecho. Ello se explica, por cuanto este tipo de violencia es empleada por los infractores de las normas de trato social, religiosas, morales y jurídicas, pues el sistema normativo en general no reconoce a la violencia como forma de solución de conflictos.

La violencia criminal es fuente de intranquilidad, inseguridad e inhibición social, afecta el equilibrio psicológico de las personas; les produce percepción de riesgo a su persona, familia, bienes y derechos; y les impele a realizar de modo limitativo sus actividades ordinarias.

Pero este fenómeno social anormal provoca un efecto mucho más nocivo y riesgoso: incide negativamente en la reducción de certidumbre y seguridad que deben proporcionar las instituciones.

Los criminales parecieran incluso percatarse de esta situación, pues realizan acciones de provocación hacia las autoridades y de ostentación de fuerza destructora, con el uso de armas de alto nivel de daño, con la comisión de actos violentos en lugares públicos, con la crueldad que emplean en sus ataques a personas, con la divulgación- en mantas y carteles – de mensajes acerca de la lucha que despliegan entre los propios criminales, y con muchas otras manifestaciones de reto a las instituciones públicas.

Por ello, sin duda, la preocupación de la sociedad por la violencia y su repercusión en su seguridad, es fundada.

El Estado mexicano cuenta con los diferentes órdenes de gobierno: Federación, las Entidades Federativas y los Municipios, para atender las funciones en materia de seguridad publica en una distribución ordenada y proporcional. Asimismo, existe una distribución de atribuciones de acuerdo a la atención que requieren la antisocialidad y la delictividad.

Prevención del delito, investigación, impartición de justicia y aplicación de sanciones penales, forman el sistema de la seguridad publica en el que se estructuran las etapas de atención a las conductas antisociales en nuestro país.

Ahora bien, en el Estado de Puebla se advierte la frecuente comisión de delitos en los que se utiliza violencia.

Se visualiza en los robos de vehículos, robo de vehículos con mercancía, robo a negocios, robos a transeúntes, robe a casa habitación, Con igual o mayor violencia, se observa en casos de lesiones – en su mayoría dolosas, en casos de violencia familiar y en los secuestros. Los extremos de la violencia son observables en los homicidios, en los que algunos casos muestran la crueldad de los autores.

Existe una disminución de la incidencia delictiva a partir de agosto de 2019, pero es necesario acelerar esta tendencia a la disminución de las conductas antisociales.

Para ello, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos han empleado mecanismos de coordinación en sus diferentes instancias.

El Gobierno del Estado, colabora con la Federación intensamente en el combate a delitos como robo a trenes, robo a transporte con mercancías y robo de hidrocarburos.

El Gobierno del Estado colabora con los Estados vecinos, en la prevención, investigación y persecución de los delitos que se cometen en las zonas colindantes.

Con los Municipios se mantiene una coordinación respetuosa de la autonomía municipal.

El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos presentes consideramos necesario e inaplazable atender con mayor énfasis la seguridad publica en los municipios que forman la zona metropolitana, pues es esta donde se cometen más del 50% de los ilícitos que se registran en todo el Estado.

La zona comprende los municipios de Puebla, San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Amozoc, Cuautlancingo, Santa Clara Ocoyucan, Juan C Bonilla y Huejotzingo es urgente la implementación de un plan. para mejorar la seguridad de la población, con estrategias y acciones pertinentes y eficaces, que se encuentren en consonancia con la estrategia de seguridad que implementa el Gobierno Federal, a través de sus distintas instancias.
Por ello, se ha convocado a los presidentes municipales de esta zona para que se establezca un modelo de coordinación eficiente y eficaz contra la delincuencia.

En este sentido, el Gobierno del Estado y los ayuntamientos hemos convenido en realizar un conjunto de acciones inmediatas:

PRIMERA. Evaluación profunda y objetiva respecto al desempeño de los integrantes de las policías municipales;

SEGUNDA. Evaluación de los resultados obtenidos por las policías municipales en el cumplimiento de sus obligaciones;

TERCERA. Diagnostico actualizado de la antisocialidad y la delictividad en los municipios referidos;

CUARTA. Elaboración de un Plan Integral de Seguridad Publica en los municipios de la zona metropolitana, por tiempo indeterminado e integrado con estrategias y acciones concretas de naturaleza administrativa, preventiva y penal;

QUINTA. Iniciar el 01 de febrero la implementación del mencionado programa, que incluirá el análisis diario de los reportes de acciones y resultados de las autoridades participantes, la divulgación semanal de las acciones institucionales y la evaluación quincenal por las instituciones responsables.

Las autoridades que integran el Grupo de Coordinación por la Seguridad en la zona metropolitana en el Estado de Puebla, asumimos el compromiso de aplicar sus recursos humanos, materiales y técnicos para contribuir a la recuperación de la seguridad que legítimamente demanda la población.

La misión del Gobierno del Estado, en coordinación con los municipios, es crear las mejores condiciones de seguridad, que faciliten la realización de las actividades de la población, sin miedo a que quienes delinquen afecten en su persona, en su patrimonio y en sus derechos.

Los objetivos que debemos fortalecer son el orden público, la seguridad ciudadana y la prevalencia del estado de derecho.

Para lo cual hemos acordado la firma de este convenio de Coordinación Institucional y Participación Social, para Reducir la Violencia y la Delincuencia.