Legisladoras, legisladores, rectores, catedráticos, especialistas e investigadores, analizaron la iniciativa que expide la Ley de Educación Superior y debatieron temas referentes al financiamiento, transparencia, autonomía universitaria, estabilidad laboral, entre otros.

Durante el foro “Construyendo la nueva legislación para la Educación Superior”, las y los actores involucrados en el tema expresaron sus opiniones sobre la propuesta que busca garantizar a la población su derecho de acceder a este nivel educativo.

El presidente de la Comisión de Educación, el senador Rubén Rocha Moya, aseguró que estos diálogos buscan recoger los puntos de vista de todos los interesados para incluirlas y perfeccionar la legislación.

Dijo que no debe haber ningún interés de partido o ideológico en la creación de este ordenamiento. “El único fin que nos debe interesar, es que se garantice el ejercicio pleno del derecho a la educación superior de las y los mexicanos”, manifestó.

El legislador precisó que existen universidades con severas dificultades económicas para seguir adelante, por ello, la legislación busca resolver el problema presupuestal, el cual “viene por incomprensión de gobiernos anteriores, mala planeación o decisiones internas inadecuadas”.

Es fundamental trazar una estrategia que nos permita resolver el tema del financiamiento de fondo y que sirva de base para el futuro, de lo que se trata, argumentó, es garantizar este derecho humano a toda la población.

La senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que este tema no se debe administrar de manera política, sino técnica, académica y comprometida con la educación, para ello es saludable el diseño de presupuestos multianuales que les permita a las casas de estudio hacer un programa multianual educativo.

Desde el Congreso se debe aportar una visión plural que garantice que los poderes públicos tomen las mejores decisiones en beneficio de la sociedad. “Sin duda, la tarea educativa es la más trascendente de todas a las que se pueda dedicar una persona”, acotó.

Resaltó la capacidad de las y los legisladores para encontrar puntos de convergencia y trabajar con una visión de Estado. Es fundamental, destacó, formar, habilitar y apoyar el desenvolvimiento pleno de la personalidad del ser humano, sus capacidades creativas y productivas.

El senador Daniel Gutiérrez Castorena, de Morena, destacó que en las universidades existe un problema de subcontratación de profesores, el cual no debe ser desatendido y considerarse para la estabilidad de las instituciones de educación superior. “La base de la enseñanza se encuentra en los maestros y deben tener las condiciones adecuadas para su desempeño”.

Su compañera de bancada, la senadora Antares Vázquez Alatorre manifestó que el ejercicio de Parlamento Abierto es una herramienta indispensable para impulsar una legislación que cumpla con las necesidades de todas y todos los mexicanos.

Resaltó que escuchar a los actores del subsistema de educación tecnológica, ayudará a resolver sus problemas crónicos, pero, sobre todo, a que continúe con su labor de atender la educación de la población.

La senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, indicó que esta ley es “técnicamente sólida”, y representa un producto de mesas de trabajo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como las universidades y sociedad civil.

La universalidad, gratuidad, obligatoriedad, sólo se van a cristalizar en la medida que tengan un acompañamiento y sostenibilidad presupuestal que hasta el momento no se visibiliza en el presupuesto para 2021, apuntó.

En tanto, el diputado del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, destacó el consenso que se tiene para la elaboración de esta reforma, pero señalo que se debe cuidar la distribución y homologación de competencias, así como revisar la propuesta de avaluación, crear un Fondo Federal Espacial e incorporar los sistemas de participación social.

Estamos urgidos de buenas noticias en el país, por ello, esta iniciativa no debe tener sesgos partidistas e ideológicos. Necesitamos revindicar el concepto de que la universidad no es museo del pensamiento y que es una institución que crea, comunica y adquiere el conocimiento, concluyó.

Por su parte, Jaime Valls Esponda, secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), reconoció el esfuerzo de los legisladores por este nuevo marco normativo que tiene la visión de fortalecer los procesos de evaluación, la autonomía y educación superior del país.

Recomendó depurar la redacción de la iniciativa para ser más precisa, así como revisar la extensión de algunos artículos, a fin de evitar que algunos temas se reiteren, como el de becas y servicio social, dado ya están regulados en otras normatividades y podría limitarse su ejecución.

Valls Esponda resaltó que falta precisar de qué manera se logrará el financiamiento y en qué periodo, las instituciones de educación superior requieren saber esta información con certeza.

El investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, Hugo Casanova, argumentó que la iniciativa constituye una importante propuesta de las distintas fuerzas políticas para dotar de un marco jurídico actualizado a la educación superior de México.

El rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, afirmó que el financiamiento debe ser considerado como una de las prioridades del Estado, para asegurar que se cumpla cabalmente el derecho de las personas para contar con educación superior, “y ello bajo un ejercicio transparente y responsable”.

En su intervención, el investigador Axel Didriksson Takayanagui, señaló que el modelo híbrido para la educación superior, debe ser contemplado dentro de la legislación sin afectar la autonomía de las instituciones.

Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, exhortó a los legisladores a aclarar que la gratuidad se establecerá de manera gradual y entrará en vigor hasta 2022, para que la comunidad universitaria conozca cuál será el proceso de su implementación.

El rector de la universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, reconoció la necesidad de contar con estructura para la educación a distancia, capacitación e inventario suficiente para atender a la demanda de tecnológica para su impartición, así como ajustar el presupuesto plurianual y plantear bolsas extraordinarias reglamentadas para poder obtener un monto adicional para sus ejercicios educativos.

La directora adjunta de Desarrollo Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), Aidée Orozco Hernández aseguró que el trabajo articulado con las instituciones de educación superior representa un factor fundamental para contribuir a la solución de los grandes retos nacionales.