En Puebla el transporte público está formado por la acumulación de privilegios de grupos clientelares, por lo que el actual gobierno estatal trabaja para regularlo, sostuvo el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta, al abordar el rubro de corrupción durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno al Congreso del Estado.
Como parte de estas acciones, la administración estatal regulará las grúas y corralones, eliminará las rutas encimadas y a los denominados taxis piratas, y además cancelará miles de concesiones y procederá legalmente contra los responsables del otorgamiento en el pasado de este tipo de permisos, advirtió el mandatario.
Afirmó que en Puebla se combate la corrupción desde tres frentes: el fortalecimiento institucional, la prevención y la aplicación de la ley; se acabaron los privilegios, nunca más intereses intocados, vamos caminando en este rumbo porque es una deuda moral frente a los poblanos, tenemos que ser un gobierno austero, ordenado, diferente, ya no podíamos ser un gobierno de opulencia.
En su mensaje, el mandatario estatal informó además que su administración se encamina a la digitalización, reduce trámites e implementa ventanillas de atención ciudadana para agilizar y hacer más eficientes las acciones gubernamentales para erradicar la corrupción como un cáncer de la sociedad.
En el documento, se informa que de enero a noviembre de este año, la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de Puebla, recibió un total de 923 denuncias por actos u omisiones de servidores públicos que constituyen posibles faltas administrativas, por lo que se abrieron 562 expedientes.
Se da a conocer que, como resultado de las investigaciones realizadas, se iniciaron 207 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales 50 ya fueron resueltos, 134 se encuentran en proceso y 23 fueron remitidos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para su resolución por tratarse de la posible comisión de faltas administrativas graves. Además, se emitieron ocho resoluciones contra servidores públicos que prestaron sus servicios en los ejercicios 2019 y 2020.
De las 58 resoluciones emitidas, se ordenaron 20 destituciones e inhabilitaciones para desempeñar empleos, cargos o comisiones, 18 suspensiones y una amonestación pública. Cabe señalar que los expedientes de presunta responsabilidad administrativa remitidos al Tribunal implican un monto de más de 124 millones 648 mil pesos por la posible comisión de faltas administrativas graves como desvío de recursos y peculado.
Además, con el propósito de erradicar prácticas de corrupción en la Administración Pública, se han presentado 14 denuncias ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción en contra de diversos servidores públicos que en uso de sus funciones realizaron hechos posiblemente constitutivos de delito.
En materia de adquisición de bienes, servicios y obra pública, el Gobierno de Puebla privilegió la realización de licitaciones públicas en igualdad de condiciones para todos los participantes, logrando asignar 90.53% del monto total adjudicado en el Ejercicio Presupuestal 2021, bajo este esquema, en observancia a los criterios de economía, eficiencia y honradez.
Se impulsó la Política Estatal Anticorrupción (PEAPUEBLA), la cual representa el esfuerzo más significativo hasta el momento para coordinar a las instituciones públicas de todos los poderes y niveles de gobierno a fin de erradicar este cáncer de la sociedad.
Con el objetivo de acabar con los abusos contra los poblanos, se suprimió por decreto la Dirección de Policía Estatal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública; fue destituida la plantilla de personal del Registro Público y Catastral y a los nuevos empleados se les incrementó el salario al doble inhibiendo el riesgo de corrupción, asimismo, se prescindió de los servicios de la totalidad de supervisores de la Secretaría de Movilidad y Transporte, en su lugar, fueron contratados 18 supervisores que cuentan con licenciatura en Derecho y carreras afines.
Foto: Es Imagen / Daniel Casas