La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recalcó que la Comisión Especial del Caso Ayotzinapa contará con recursos materiales, humanos y científicos necesarios para entregar resultados apegados a la verdad en un plazo razonable.

En el marco de la firma del decreto por el que se crea esa instancia, la funcionaria subrayó el compromiso de investigar a fondo, con objetividad e imparcialidad, los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, trabajos que atenderá el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez.

“Vamos a esclarecer lo ocurrido, vamos a conocer la verdad de lo que sucedió en Iguala hace cuatro años para así hacer justicia; esa es la instrucción que hemos recibido, ese es nuestro compromiso”, puntualizó.

Durante el evento celebrado en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, la secretaria Sánchez Cordero destacó que este decreto, el primero que firma el presidente Andrés Manuel López Obrador, es un signo de la constante que habrá de prevalecer en el sexenio, es decir, cumplir la palabra.

El decreto tiene por compromiso investigar los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 y esclarecerlos; su propósito será llegar a la verdad para darla a conocer a las madres y padres de los desaparecidos.

Adelantó que la comisión tendrá a su alcance los recursos materiales, humanos y científicos para cumplir con su responsabilidad y desarrollará sus trabajos con apego a la ley, pues el único camino para alcanzar la justicia en un Estado de derecho, es la aplicación de la ley.

Acompañada por los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval; de Marina, José Rafael Ojeda y de Salud, Jorge Alcocer, la encargada de la política interna ofreció su respaldo al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez, quien encabezará la Comisión de la Verdad.

“Soy madre y abuela y por esa condición, con el corazón estrujado, damos nuestra palabra a los padres y las madres, a las abuelas, a los hermanos y hermanas de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que pondremos todo nuestro esfuerzo, capacidades y conocimientos para llegar a la verdad”.

Confió en que la comisión tome como insumo importante la recomendación recientemente publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

A su vez, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, informó que la Comisión estará integrada por las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y Hacienda.

Se trata de un primer paso en el proceso de pacificación del país, en el que estarán integrados también los padres de los muchachos o a quienes ellos designen, para integrar un equipo profesional, autónomo e interdisciplinario que retomará las investigaciones de distintos organismos.

Entre ellos, la recomendación de la CNDH, los estudios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, desde luego, el Grupo interdisciplinario de Expertos Internacionales e incluso, la de la Procuraduría General de la República (PGR).

Se retomarán todas las líneas de investigación que fueron subestimadas o quedaron truncas y la presidencia de la Comisión recaerá en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y se solicitará que el Ministerio Público cree una Fiscalía o Comisión Especial, expuso.

También habrá un mecanismo para testigos protegidos, el cual es un paso “muy significativo en la construcción de un proceso de justicia transicional”.

La Secretaría de Gobernación celebrará los convenios con las autoridades locales; la de Relaciones Exteriores, propiciará los acuerdos de cooperación internacional y la de Hacienda, proporcionará los recursos económicos suficientes.

Se instruye a los organismos y dependencias federales a facilitar toda la información de que dispongan bajo la premisa de no clasificar información relativa a violaciones graves a derechos humanos o a delitos de lesa humanidad.

Esto incluye acceso a instalaciones donde se puedan encontrar o haber estado los desaparecidos o bien pueda haber vestigios de su presencia y conforme al decreto, la comisión debe instalarse en un plazo no mayor a 30 días después de la publicación del decreto, lo que ocurrirá este martes.

Interpretó la firma de este decreto, como “una señal muy clara a todo el país de que vamos a ir a esclarecer el asunto Ayotzinapa y vamos a trabajar para hacer justicia a todos los mexicanos”.

Esclarecer del caso Iguala, es el inicio de una política de Estado que coloca en el centro a las víctimas y que esclarecer los hechos, fortalece a las instituciones en lugar de debilitarlas.