Con 99 votos a favor, la Cámara de Senadores aprobó un proyecto para fortalecer los mecanismos de control y verificación de la legitimidad y los límites de uso de la fuerza por parte de las autoridades encargadas de la seguridad pública, con apego a las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El proyecto de decreto, que fue remitido al Ejecutivo Federal, reforma la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.

La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, dijo que la propuesta contribuye a establecer los límites del uso de la fuerza por parte de aquellas autoridades encargadas de la seguridad pública, al dotar de mayor claridad a la Ley.

Añadió que la propuesta resulta benéfica para la ciudadanía y establece las reglas mínimas y no limitativas en el uso de la fuerza en casos extraordinarios.

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, destacó que el documento precisa cuatro conceptos: uso de la fuerza, racionalidad, oportunidad y lesión grave.

Además, sienta las bases para el uso de la fuerza en casos extraordinarios, y se ofrecen mayores condiciones de certeza jurídica a los gobernados y garantías para proteger y tutelar sus derechos.

En el proyecto de decreto, que reforma los artículos 3, 4 y 6 de esta Ley, se ponderan los principios de racionalidad, al valorar las circunstancias de la agresión, las características personales y las capacidades tanto del sujeto a controlar como del integrante de las fuerzas de seguridad.

Así como criterio de oportunidad, por lo que debe procurarse reducir al máximo los daños y afectaciones tanto a la vida como a la integridad de las personas involucradas y sus bienes y la afectación de los derechos de las personas.

También, el principio de lesión grave, al utilizar la fuerza, el uso de armas menos letales o de fuego con la finalidad de neutralizar a los agresores y proteger la integridad de la autoridad o de personas ajenas, con alta probabilidad de dañar gravemente al agresor.

Y el precepto de uso de la fuerza, cuya finalidad es salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social.

El documento establece que el Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos y las autoridades encargadas de la seguridad pública deben apegarse a los principios dispuestos y evitar las violaciones a los derechos humanos.

Además, reconoce que existen circunstancias en las cuales el uso de armas de fuego puede ser eventualmente inevitable, pero es un deber para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en relación con la administración de justicia, garantizar la protección del derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas, así como la responsabilidad de mantener la seguridad pública y la paz social.

Foto: Senado