El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, se pronunció por que las escuelas que utilicen fondos públicos, ya sea en docencia, investigación y extensión, lo hagan con transparencia y rendición de cuentas.

En un comunicado, aseguró que se necesita coadyuvar a garantizar el derecho a la educación de todas las personas y puedan elegir la institución de su preferencia, sea pública o particular.

La educación debe atender tres funciones sustantivas: docencia, investigación y extensión; “no podemos tener universidades de primera y de segunda; no puede haber mexicanos de primera y segunda categoría para poder tener acceso a recursos públicos”.

El coordinador panista participó en el parlamento abierto virtual “Construyendo la nueva legislación para la educación superior”, en donde señaló que el modelo educativo actual tiene excesos reglamentarios

Hasta el momento, la educación particular cuenta con el 31% de la matricula nacional y pertenecen a los tres subsistemas que marca la ley general vigente que son: el universitario, el tecnológico y las escuelas normales y de formación docente.

“Necesitamos una transversalidad de lo universitario, tecnológico y de las escuelas normales. También, porque me consta, son participantes activos y comprometidos en la función social de la educación y, como ha sido señalado, hay una diversidad de instituciones en cuanto a programas diversos que son muy valiosos y, sobre todo, hay que potenciar las asociaciones como la ANUIES; es muy importante este aspecto”, afirmó Romero Hicks.

Lo que se debería buscar en esta nueva legislación es distribuir competencias entre los tres órdenes de gobierno: municipio, estado y Federación; establecer que la educación es una función pública.

Asimismo, planteó crear un Sistema Nacional de Educación Superior que permita la coordinación de las entidades federativas y, sobre todo, de la parte pública y la privada.

Consideró que no ayuda nada hablar de la pública y la particular, hay que hablar de la universidad mexicana, y para esto hay que darles certeza jurídica a las instituciones particulares con instrumentos jurídicos adecuados.