El Consejo de Ministros ha decretado el estado de alarma en España. «La situación que vivimos es extrema», ha afirmado Pedro Sánchez en una rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del gabinete en la que ha asegurado que el estado de alarma es la herramienta más eficaz para luchar contra el coronavirus y que las razones para decretarlo de nuevo están «plenamente justificadas» dado que nos encontramos en plena segunda oleada de la pandemia, según ha explicado. El objetivo es dotar a las comunidades autónomas, que serán en esta ocasión las autoridades delegadas, de la cobertura legal para imponer nuevas restricciones de movilidad, entre ellas el toque de queda para controlar el ocio nocturno, que es el foco de contagio que más preocupa a las autoridades en este momento. También habilita a las comunidades autónomas a cerrar las fronteras internas si así lo estiman oportuno y garantizar jurídicamente la posibilidad de limitar las reuniones sociales a seis personas después de que varios tribunales hayan tumbado las decisiones de varias autonomías en esa dirección al no encontrar en la legislación ordinaria el amparo suficiente para llevarlas a cabo. La intención del Gobierno es que el marco del estado de alarma se prolongue durante seis meses, aunque ha asegurado que no es un plazo «inamovible».
El nuevo decreto impone el toque de queda, aunque las comunidades podrán elegir los horarios. La obligatoriedad abarcará «con carácter general» la franja horaria de 23 horas a 6 de la mañana, pero los gobiernos autonómicos podrán adelantar o retrasar una hora su activación, es decir, que podrán decidir que la hora de comienzo de esta limitación sea de 22 horas a 00:00 horas y la de finalización entre las 5:00 y las 7:00 horas. El toque de queda tendrá algunas excepciones, como laborales o la compra de medicamentos. La única comunidad que queda fuera de esa restricción es Canarias, dado que la situación en el archipiélago es mejor que en el resto del país.
Pedro Sánchez decreta una serie de medidas que serán de obligado cumplimiento en toda España a partir de las normas consensuadas en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque las autoridades competentes para ponerlas en marcha serán los gobiernos autonómicos, que podrán modular las limitaciones con el objetivo de frenar la expansión de la COVID-19. El decreto también habilita a las comunidades autónomas a prohibir la entrada y salida dentro de las fronteras interiores. Serán los gobiernos autonómicos, por tanto, los que decidan si cierran toda una comunidad o parte de la misma.
El decreto del estado de alarma tiene una duración de quince días, tal y como establece el artículo 116 de la Constitución, pero Sánchez ha asegurado que la intención del Gobierno es solicitar este mismo martes una prórroga de seis meses, hasta principios de mayo. «El Gobierno por medio del ministro de Sanidad, rendirá cuentas en las Cortes Generales cada 15 días. Esperamos que los gobiernos autonómicos hagan lo propio en sus respectivos Parlamentos regionales en tanto y cuanto ellos son los responsables», ha expresado el presidente. «Si la situación de la pandemia lo permite, el Gobierno de España levantará el Estado de Alarma sin demora. Ni un día más, ni un día menos», ha agregado.
No obstante, durante ese tiempo se podrán ir modulando las medidas en función de cómo evolucione la pandemia. El marco de medidas recogidas en el estado de alarma es el sistema de «semáforo» que aprobó el pasado jueves el Consejo Interterritorial de Salud, que establece distintos niveles de restricciones según sea la situación en cada momento.
Sánchez ha insistido en la necesidad de contener la expansión de la pandemia para que se sitúe por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes -ahora mismo la media española es de 361 por cada 100.000 habitantes, aunque no es homogénea en todo el territorio-. «Tenemos un largo recorrido por delante, vamos a tener que desplegar un ejercicio enorme de disciplina social y moral de victoria», ha señalado.
Sánchez advirtió el viernes de la gravedad de la situación y recordó que las comunidades son las responsables de la aplicación de las medidas restrictivas que consensuaron con el Ministerio de Sanidad el pasado jueves. Igualmente, señaló que aquellas correspondientes al escenario extremo necesitan de la activación del estado de alarma. Tras sus palabras, nueve gobiernos autonómicos -la mayoría del PSOE- solicitaron que se decretara la alarma, entre ellos Euskadi y Catalunya. Con esas dos comunidades -en manos del PNV (en coalición con los socialistas) y de JxCat y ERC, el Gobierno logra el respaldo necesario en el Congreso para que las prórrogas salgan adelante, aunque espera que el PP también lo avale. Las regiones gobernadas por los conservadores no han pedido la puesta en marcha de esa herramienta constitucional -apuestan, como Pablo Casado, por un cambio en la legislación sanitaria ordinaria-, pero tampoco se han opuesto frontalmente.
El presidente también aseguró que el Ejecutivo estaba listo para aplicar las «medidas necesarias», así que con la petición expresa de las comunidades, en Moncloa se pusieron a trabajar contra reloj para tener preparado el decreto del estado de alarma que ha sido aprobado este domingo en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros.
Con información de eldiario.es