La Audiencia Nacional de España investiga si el dinero de los sobornos que realizó la constructora OHL para conseguir contratos públicos procedió de sus filiales en México conocidas como Constructora de Proyectos Viales y OHL Sucursal México.

La investigación del denominado caso Lezo sobre corrupción en el gobierno de la Comunidad de Madrid mientras el conservador Ignacio González ocupó cargos de responsabilidad –fue vicepresidente entre 2003 y 2012, y luego presidente, hasta 2015–, ha dado un paso agigantado esta semana.

Esto porque los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil han hallado, por primera vez, un documento que acredita el soborno de OHL a González por la concesión de la obra de una línea férrea en la localidad madrileña de Navalcarnero, según reportes de periodistas españoles.

Se trata del pago de dos millones 500 mil euros que la constructora, uno de los seis mayores grupos empresariales de España, habría entregado al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, para lograr esa concesión pública.

Hasta ahora, OHL había justificado ese dinero como el pago por servicios a sus filiales mexicanas –OHL se encargó de la construcción de un tramo del Circuito Exterior Mexiquense–.

Sin embargo, parece que no fueron pagos limpios a las empresas en México, sino que el dinero salió de ellas rumbo a cuentas en Suiza. Así lo declaró ya a las autoridades judiciales españolas Adolfo Soto, exdirectivo de la filial mexicana de OHL.

En su declaración, Soto admitió que Felicísimo Ramos, un alto cargo de la constructora española, le ordenó enviar desde México a Suiza los dos millones 500 mil euros «sin ninguna explicación ni justificación».

El dinero de la «mordida» fue a parar a una cuenta en el país helvético a nombre del empresario español Adrián de la Joya, que ha admitido que actuó como testaferro del expresidente González.

El político estuvo ocho meses en prisión y salió en libertad condicional en noviembre de 2017. Sobre él pesan cargos de blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos.

Por Ana María Pascual