Los proyectos de ordenamiento territorial, que se basan en proyecciones de 30 años, requieren de un trabajo articulado entre academias, gobiernos y sociedad civil.

El estado de Puebla cuenta con zonas apropiadas para el crecimiento económico, pero también con muchos municipios en situación de riesgo; el ordenamiento territorial es clave para impulsar un desarrollo adecuado. Así lo valoró el Mtro. Mario Daniel Ignacio Gómez Soberón, coordinador estatal del INEGI Puebla, en un foro virtual de la Ibero Puebla.

De manera histórica se ha concebido el ordenamiento territorial como una práctica científica y administrativa que se utiliza para comprender las relaciones entre los diferentes elementos que conforman una región y proponer políticas públicas para su cuidado y desarrollo pleno.

Tanto la ocupación del territorio como su uso son muy diversos. Un monitoreo permanente del desarrollo y la prospectiva de cada espacio permite tomar decisiones en beneficio tanto del suelo y los recursos naturales como de las personas que se benefician de ellos.

En un periodo de seis meses, un equipo de 25 especialistas, encabezado por Daniel Ignacio Gómez, elaboró un programa de ordenamiento territorial para Puebla. La propuesta, enfocada en el desarrollo integral y sustentable de la entidad, planteó una estrategia para el desarrollo económico a través de patrones de aprovechamiento del territorio.

Mediante el uso de mapas, el equipo identificó algunas regiones en las que la actividad humana ha sobrecargado la capacidad de resiliencia de la naturaleza. La localización de amenazas y riesgos naturales antropogénicos, geomorfológicos, químicos, sanitarios y sociales permite identificar zonas de alta, mediana y baja peligrosidad.

Ilustró el especialista: “Establecimos en qué zonas debía limitarse el crecimiento urbano por cuestión del Popocatépetl, y sin embargo vamos por allá y están haciendo desarrollos habitacionales, aunque se sabe el riesgo que se corre”. De igual manera, se identifica la evolución de la conflictividad con respecto a la explotación de bienes naturales como el agua.

Al ser un instrumento de planeación, la implementación y administración del programa corresponde principalmente a los ayuntamientos. Al respecto, el especialista destacó que la falta de continuidad en proyectos de ordenamiento puede tener consecuencias negativas para los espacios de mayor riesgo. 

El estudio también identificó un potencial de desarrollo económico muy alto en 11 municipios de la entidad, entre los que se encuentran Puebla, Xoxtla y Cuautlancingo. En contraste, hasta 78 municipios registran niveles muy bajos, los cuales se encuentran principalmente en las sierras Negra y Norte.

Gómez Soberón optó por no dar un diagnóstico general sobre el ordenamiento territorial en Puebla. Los esfuerzos del equipo investigador se centraron en proponer soluciones para algunas zonas con problemas en la gestión del territorio, como planes de desarrollo para los municipios cercanos al volcán y sistemas de ecoturismo en zonas alejadas.

El coordinador estatal del INEGI Puebla aseguró que tanto el trabajo científico como las decisiones públicas deben involucrar a la ciudadanía. “Es importante que, después de que tengamos una solución técnica, esta se comparta con los habitantes del territorio. Reordenar el territorio equivale a que lo que tenía antes va a cambiar. Tengo que ceder parte de mi beneficio para un beneficio común”.