En la clausura del Primer Parlamento de las Mujeres Indígenas, que se llevó a cabo en el Senado de la República, representantes de diversos pueblos y comunidades originarias hicieron un llamado urgente, para que el Estado garantice su protección en contra de cualquier forma de violencia y discriminación.

Dicho encuentro se realizó en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores, a convocatoria de los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, Eduardo Ramírez Aguilar y Xóchitl Gálvez Ruiz, para visibilizar los múltiples obstáculos que enfrenta este sector de la población.

Al clausurar los trabajos de este ejercicio parlamentario, la senadora Nuvia Mayorga Delgado, del PRI, dijo que no sólo se requiere de voluntad política para cerrar la brecha de género, sino también de recursos económicos para poder cumplir con este objetivo.

Por tal motivo, expresó que se buscarán aterrizar los presupuestos necesarios, que permitan erradicar la violencia política, económica e institucional que padecen, porque “las niñas, jóvenes y mujeres indígenas exigen esfuerzos concertados para abordar la violencia en todas sus manifestaciones”.

Dijo que es fundamental procurarles oportunidades de desarrollo profesional y personal, así como atender sus demandas de salud, vivienda y trabajo que requieren, con el objeto de empoderarlas.

En tanto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher Camarena, advirtió que la violencia política en razón de género afecta a las mujeres de todo el país y se manifiesta de manera diferenciada en las comunidades indígenas, por sus condiciones políticas, sociales y culturales.

Recordó que el INE ya aprobó los lineamientos para que los partidos políticos atiendan, sancionen, reparen y erradiquen este problema; además, se creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género, en el que, derivado de la elección de 2021, hay 157 personas reportadas, de los cuales 131 son hombres y 26 son mujeres.

Precisó que las entidades que registraron más casos de este tipo fueron Oaxaca con 42; Veracruz, 30; Baja California, 13; Chiapas y Sonora, nueve; Quintana Roo y Tabasco, siete por cada estado; Campeche y Guanajuato, seis cada uno.

En la declaratoria final, las parlamentarias plantearon la necesidad de establecer un enfoque indígena de género en todas las acciones de gobierno que se promuevan; además, solicitaron que se analice la actual legislación a fin de promover reformas que garanticen la educación de calidad.

“Que podamos recibir, en nuestra lengua materna, lo relativo a nuestros derechos políticos para contar con apoyo en el acceso a cargos públicos y de elección popular, así como poder ejercer plenamente nuestro derecho a la propiedad de la tierra”.

También demandaron a los representantes populares, locales y federales, las adecuaciones a los diversos ordenamientos jurídicos, para que se establezcan mecanismos de defensa de sus derechos político-electorales y contra la violencia política de género.

En este sentido, urgieron para que se incorpore en la legislación electoral como causal de nulidad la violencia política en contra de las mujeres indígenas.

A las senadoras y senadores les pidieron iniciar reformas legislativas pertinentes que permitan integrar la participación y representación política de los pueblos y comunidades indígenas, así como impulsar que en los tres órdenes de gobierno se impulsen acciones que favorezcan la participación y acceso de las mujeres indígenas en los cargos públicos, pero, sobre todo, que se legisle para sancionar a quienes usurpen su identidad y con ello obstruyan el acceso a cargos de elección popular.

En la clausura también participó el senador de Morena, Cristóbal Arias Solís, quien expresó que “es fundamental abrir caminos más amplios a la participación de las mujeres indígenas, a efecto de que en un futuro próximo estén ampliamente representadas en el Parlamento.

En su oportunidad, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Nadine Gasman Zilbermann, advirtió que no reconocer al país como una nación multicultural, ha sido una noción errada de las instituciones, ya que se ha buscado resolver sus necesidades de acceso a políticas públicas, servicios y programas, con un enfoque generalizado.

Las mujeres de los pueblos y comunidades, subrayó, necesitan una atención especial, porque la violencia institucional contra ellas arrastra múltiples discriminaciones, por lo que se deben construir e implementar políticas que reconozcan a las mujeres indígenas como actoras fundamentales y sujetas de derechos.