El programa de Estancias Infantiles forma parte de una política encaminada a hacer justicia a las mujeres, pues equilibran la responsabilidad de la atención de los hijos y les permite la búsqueda y permanencia en el mercado laboral, con lo que además aseguran mayores ingresos, destacó la coordinadora de investigación del Grupo de Información de Reproducción Elegida (GIRE), Isabel Fulda.
Por ello, añadió, la falta de recursos a ese programa podría perpetuar estereotipos de género, aunado a que la responsabilidad del cuidado en las mujeres recaería en las abuelas, que en realidad no tendrían la obligación de cuidar a sus nietos.
En entrevista con Notimex, recordó que estos espacios nacieron para la atención de personas vulnerables, en este caso, de madres que carecen de seguridad social, pertenecen a estratos sociales debajo de la línea de bienestar, niños con alguna discapacidad y personas indígenas.
“El Estado, en lugar de encargarse de garantizar que haya cuidados para estas poblaciones, pone a una a cuidar de la otra”, por lo que se trata de garantizar opciones de cuidado a las familias.
Según la activista, la modificación al programa podría obligar a muchas mujeres a dejar el mercado laboral para cuidar a sus hijos, además de que esos espacios representan la posibilidad de identificar maltrato infantil.
Por lo anterior, si algunos padres decidieran dejar en casa a sus hijos, las autoridades tendrían menos posibilidades de verificar el bienestar de los infantes, lo que podría derivar en descuido e incluso violencia contra los menores, añadió.
Por separado, la investigadora del Instituto de Liderazgo de Simone de Beauvoir, Cristian Mendoza, coincidió en que aún en la actualidad al interior de las familias el trabajo se recarga en las mujeres.
“Es una mirada de la familia mexicana como una cuestión homogénea, tradicional, a la que muchas mujeres ya no se ajustan; ha cambiado el modelo familiar y muchas familias ya ni siquiera tienen una abuela”, explicó.
A su parecer, los cambios al Programa de Estancias Infantiles trasladan la responsabilidad a las familias, en las que de manera general quienes resuelven son las mujeres, lo que además es un impedimento a la integración remunerada en el trabajo, capacitaciones para mejorar su carrera profesional o terminar sus estudios.
Precisó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo, las mujeres realizan 70 por ciento del trabajo total de cuidados no remunerados, y no sólo se trata de cuidado infantil, sino de personas adultas mayores, con alguna discapacidad o con enfermedades crónico degenerativas.
Al tomar en cuenta dicha Encuesta, se determinó la Cuenta Satélite de Trabajo no Remunerado en México y en general, por un año de cuidados se estima que a las mujeres que cuidan de un tercero se les debería pagar aproximadamente 60 mil pesos, es decir, unos cinco mil pesos al mes, ello sin contar el desempeño de otras labores domésticas.
El trabajo no remunerado de cuidados y doméstico representa 24 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que significa que las mujeres que llevan a cabo ese trabajo ya le ahorran una buena proporción de recursos al Estado.
“Si el Estado recorta el presupuesto en sus responsabilidades de cuidado, lo que hace es recargarlo en las mujeres y además ahorrarse dinero”, expuso.
La coordinadora de Programas de Fondo Semilla, Tania Turner, consideró que la medida refuerza las creencias de que las mujeres deben estar en casa y los hombres en el trabajo, lo que ha derivado en la actual desigualdad de género.
Ante esa situación, añadió, las mujeres que cuidan no pueden hacer otras actividades, lo que les coarta la posibilidad de acceder a alternativas a una vida laboral, escolar y profesional.
“Se trata de que las mujeres puedan decidir si de verdad es lo que quieren hacer, otra cosa es que ya de facto te toque cuidar porque eres mujer, y el discurso oficial es que les toque a las abuelas, a las tías, se va al asunto de los roles de género tradicionales que ponen el peso del cuidado en las mujeres”, enfatizó.
De acuerdo con Tania Turner, aproximadamente 15 por ciento de los niños son cuidados en estancias públicas o privadas, lo cual deriva de la falta de más opciones, por lo que hizo ver la importancia de mejorar los servicios e incluso ampliar su cobertura.
Detalló que 11.3 por ciento de infantes asiste a estancias infantiles o guarderías públicas y 4.3 acude a privadas; por lo que 51.2 por ciento son cuidados por sus abuelas y 33.3 por ciento por otras personas, ello, de acuerdo con un informe del GIRE llamado “La Pieza Faltante”.
De esta manera, uno de cada 10 niños es atendido en estos espacios, pertenecientes al gobierno o subsidiadas por éste, lo que evidencia que no alcanza el número de estancias para cubrir la necesidad que se tiene.
La coordinadora de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres, Isabel Erreguerena, opinó que la medida reproduce un sistema de desigualdad y dificulta la incorporación en el mercado laboral.
“Al darles a las familias el dinero, en lugar de las estancias infantiles, se desmantela un sistema de apoyo que creaba incentivos para que las mujeres fueran al mercado laboral y pudieran incorporarse a éste con un apoyo y un sistema de cuidado más colaborativo y con esto logrando mayor corresponsabilidad en la vida profesional de las mujeres”, señaló.
Habría que considerar que además las abuelas deberían ser protegidas por el Estado y no tener labores de cuidado cuando ya las hicieron a lo largo de su vida, “lo que parece es que no se están creando políticas públicas, sino adelgazando la responsabilidad del Estado, esto hace que se dificulten las garantías de derechos”, puntualizó.
Por Mariángel Calderón
Foto: Es Imagen / Andree Jiménez