Como un acto de justicia social y como un gesto de humanismo y sensibilidad, el Gobierno del Estado evalúa la preliberación inicial de 406 presos en situación de riesgo o vulnerabilidad, anunció el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, en su calidad de presidente del Consejo Consultivo del Indulto.

En videoconferencia, el funcionario detalló que adultos mayores de 70 años, indígenas que no hablan español y enfermos graves, serán los beneficiados.

Explicó que se inició el procedimiento idóneo para lograr la libertad de las personas sentenciadas, siempre y cuando se realice el pago de la reparación del daño, así como el pago de la multa que el juzgador le impuso en la comisión de un delito y para protección de la víctima.

Este beneficio, que se alcanza tras un minucioso proceso, puntualizó Méndez Márquez, es para las personas primodelincuentes (a quienes no les pueden

elevar el grado de culpabilidad), y que no hayan cometido delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro o trata de personas.

Acompañado de Luciano Osorio Couttolenc, subsecretario jurídico; Patricia Olarte Córdoba, directora general de la Defensoría Pública, y Raúl González Schiaffini, director general de Ejecuciones de Medidas y Sanciones, mencionó que también aplica para quienes no tengan abierto otro proceso en su contra y, que a través de un estudio de evaluación de riesgo, se verifique su avance en el tratamiento penitenciario.

La Secretaría de Gobernación, a través de las áreas jurídicas especializadas, de ejecución de sanciones y medidas, defensoría pública, consejo técnico y estadística, ha trabajado metódica y sincronizadamente, con el fin de integrar informes o dictámenes para quienes cumplan requisitos de legalidad, y también para considerar factores humanos por el que fueron condenados, agregó Méndez Márquez.

Dijo que también se están tomando en cuenta las características de vulnerabilidad y riesgo sanitario especificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y de la resolución 1/2020 emitida por la Comisión Interamericana de Derechos humanos y en la cual se hace hincapié en el apartado de “grupos en especial situación de vulnerabilidad”, en su párrafo 40.

De esta manera, el gobierno de Puebla da cumplimiento a un mandato federal constitucional de respeto a los derechos humanos, un plan permanente en su política penitenciaria y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, concluyó el secretario de Gobernación.

Los interesados en solicitar la evaluación de la preliberación de algún familiar recluso, deben agendar una cita llamando al 246 31 99 extensión 0, para posteriormente acudir a la Defensoría Pública, que se encuentra en 14 Norte número 205, Barrio de La Luz.