Las y los aspirantes a formar parte del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, comparecieron ante las comisiones unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, a efecto de exponer sus planes de trabajo en caso de ser destinados en el cargo.

Entre los temas que abordaron se encuentran la creación de un registro de fosas clandestinas, fortalecer la participación de las familias de las víctimas, poner en marcha mecanismos de vigilancia y evaluación de las autoridades, atender la “crisis forense” en esta materia, capacitar las brigadas de búsqueda, entre otros.

El próximo mes de abril terminan su encargo las 13 personas que actualmente forman parte del Consejo Nacional Ciudadano, por lo que resulta necesario que el Senado de la República lleve a cabo el procedimiento aplicable para la elección de las y los nuevos integrantes.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Gobernación, Mónica Fernández Balboa, explicó que a través de este ejercicio las y los legisladores evaluarán los perfiles de las candidatas y candidatos, a efecto de buscar idoneidad de quienes buscan ocupar este cargo.

Aseguró que en todo momento se garantizará el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, además se considerarán criterios de género, para la justa proporción de los representantes y especialistas.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López Rabadán, indicó que para el Senado de la República es fundamental fortalecer la participación de las víctimas y sus familiares, así como de especialistas y sociedad civil organizada, con el fin de que todos sean partícipes en la toma de decisiones del Sistema Nacional de Búsqueda.

Dijo que es necesario que las instituciones caminen de la mano con la ciudadanía para encontrar mejores soluciones. El Consejo Honorifico, destacó, necesita seguirse fortaleciendo, ya que este tipo de organismos ayudan a que el Estado mexicano dé mejores resultados en la búsqueda de justicia.

Al iniciar las comparecencias, Juan Bautista Andalón, aseguró que una de las raíces de la impunidad en las desapariciones radica en que no se resolvieron los casos de la guerra sucia en el país, por lo que buscará contribuir a la mejora del Consejo, con el objetivo de generar mecanismos de comunicación con las familias y organizaciones de víctimas.

En su turno, María Isabel Cruz Bernal planteó que los tres órdenes de gobierno y los ministerios públicos se apeguen al protocolo para la investigación, búsqueda y localización de personas desaparecidas para identificar a los más de 35 mil cuerpos que se encuentran en los Semefos del país.

Rafael Heredia Aguilar señaló que se requiere evaluar y formular acciones para el funcionamiento correcto de las comisiones locales de búsqueda y de las fiscalías especializadas, además de revisar la aplicación de las leyes estatales sobre declaración de ausencia.

Por su parte, Alfredo Velázquez Lara señaló que actualmente no se utiliza tecnología para llevar a cabo la búsqueda de personas, además, quienes llevan a cabo esas diligencias no cuentan con preparación y entrenamiento. Por ello, dijo que es fundamental implementar protocolos efectivos para preparar y profesionalizar a las brigadas, así como dotarlas de herramientas tecnológicas que apoyen sus labores.

Juan Carlos Lozada Delgadillo indicó que es urgente la implementación de la Ley de Desaparición Forzada en todas las entidades del país, ya que sólo así el Consejo Nacional de Búsqueda funcionará correctamente. “Se debe crear un vínculo real y de extrema comunicación e intercambio de información entre las familias, organizaciones de derechos humanos y los gobiernos de los estados y municipios”.

En su oportunidad, Maribel Enciso Olguín expuso la necesidad de eliminar las estructuras que promueven la corrupción o falta de ética de los funcionarios, pues ello impide alcanzar justicia y verdad. Subrayó que se debe implementar un mecanismo periódico de evaluación y seguimiento sobre el cumplimiento de las autoridades, el cual incluya auditores ciudadanos que vigilen que su actuación sea correcta.

A su vez, Oswaldo Antonio Chávez Wiarco consideró que se requiere la generación de registros nacionales de personas desaparecidas y no localizadas, de fosas comunes y clandestinas, así como de personas fallecidas y no identificadas, a fin de realizar búsquedas generalizadas, esclarecer los hechos, acreditar responsabilidades y reparar el daño. Urgen políticas en este sentido, demandó.

Posteriormente, Virginia Garay Cázares aseguró que el Consejo debe funcionar como un puente entre los colectivos y autoridades, a efecto de construir herramientas que faciliten la búsqueda de personas, porque sólo el trabajo en equipo abonará para encontrar a los desaparecidos.

Adicionalmente, Martín Villalobos Valencia consideró necesario implementar mecanismos con el Legislativo, a fin de que las comisiones nacionales y locales cuenten con presupuesto para generar programas de atención y prevención, además de un mecanismo de rendición de cuentas para que las comisiones estatales trabajen mejor.

En tanto, Liliana Candelario Cardozo advirtió que existe una crisis forense en materia de identificación de personas, por lo que es necesario hacer énfasis en las buenas prácticas que establecen los protocolos y homologarlas, para avanzar y generar resultados.

Roxana Enríquez Farías urgió a eficientar los recursos y mecanismos del Consejo, con el objeto de diseñar estrategias sólidas para solucionar este reclamo social. También expresó la importancia de fortalecer las tareas de investigación, monitoreo y seguimiento, para conocer con certidumbre los avances en esta materia.

Por su parte, Sonia Torres Hernández indicó que el Consejo, como representante de las familias, debe escucharlas, consultarlas y fortalecer su participación. Además, destacó la necesidad de garantizar su seguridad y priorizar la conclusión de la base de datos.

Al exponer su plan de trabajo, Zoraida García Castillo dijo que implementará la búsqueda de personas con perspectiva de género, es decir, en la que se tome en cuenta el contexto de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres.

Jorge Medina Rueda, planteó dar seguimiento a recomendaciones y sentencias internacionales en materia forense e implementar acciones para aumentar el personal, estructura y capacitación en dicha área. Además, verificará el desempeño del personal que realiza las investigaciones, así como las bases de datos forenses.

Brayan Alberto Jove Vázquez, precisó que impulsará mecanismos idóneos para el fortalecimiento y capacitación de los consejos ciudadanos y comisiones locales de búsqueda, con el objeto de generar coordinación entre mecanismos y actores del Sistema Nacional.

Al hacer uso de la palabra, Valentina Peralta Puga advirtió que, si la Fiscalía General se sale del Sistema Nacional de Búsqueda y la siguen las fiscalías estatales, van a desarticular y sabotear los mecanismos en la materia. “Sería una traición porque sólo estas instancias están facultadas para investigar las huellas que van dejando las personas desaparecidas”.

lrma Virginia Orgen Calderón pidió replicar los esquemas de colaboración conjunta con los distintos sectores de la sociedad civil como bomberos, diversos sectores de la sociedad civil, apoyos privados de empresas e industrias, para responder de manera emergente a la búsqueda de personas.

Finalmente, Álvaro Martos argumentó que el Consejo debe fomentar y acompañar los procesos de implementación de la Ley en materia de desaparición, en estados que aún no aprueban la legislación correspondiente.

Las y los integrantes de las comisiones preguntaron sobre los asuntos relacionados con el fortalecimiento del Consejo, rezagos en materia de registros de búsqueda, la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, el desempeño de los forenses en la identificación de personas, así como el papel de las fiscalías estatales, la coordinación entre instituciones, familias, víctimas y organizaciones sociales y las tecnologías de búsqueda.