Los diputados federales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), encabezados por nuestro coordinador, Rubén Moreira Valdez, consideramos que es irresponsable y populista que el Gobierno federal exente a algunas empresas de la aplicación de la normatividad en materia de sanidad animal y vegetal, hecho que atenta contra la salud de los mexicanos y la sana competencia entre productores de alimentos en el país.

Querer combatir la inflación con un nuevo acuerdo con algunos empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes, a quienes les evita el control de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), no garantiza la baja de precios ni el alivio para el gasto familiar, pero si abre la frontera de México a productos importados que no tendrán la revisión sanitaria correspondiente.

Para los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en el Palacio de San Lázaro, es un terrible error de Estado y de Seguridad nacional que el Gobierno federal tenga confianza ciega y no aplique la ley como corresponde.

Se equivoca al ceder inmunidad a los firmantes del acuerdo, a través de una cuestionable licencia única universal, eximiéndolos de todo trámite o permiso, incluyendo aquellos que por ley consideran y cuidan el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), así como del Impuesto General de Importación en sus actividades de distribución e insumos de envasado.

Es prioritario e indispensable asegurar la adecuada sanidad e inocuidad de los productos de origen agrícola, pecuaria y acuícola que consumimos en este país, los cuales deben tener altos estándares de calidad, dar certeza en cada etapa de la cadena de valor alimentaria y, por ningún motivo, poner en riesgo la vida y nutrición de los mexicanos.

El Ejecutivo federal tiene la obligación ineludible de vigilar, aplicar, fomentar, atender, coordinar, supervisar y evaluar las campañas de sanidad agroalimentaria, ya que la salud de sus representados debe ser siempre una prioridad. No se deben minimizar los efectos negativos que se pueden generar entre la población por contaminación de bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas en alimentos nacionales y de importación de origen agrícola y pecuario, sin la vigilancia necesaria.

La actual Administración no entiende que para enfrentar la inflación se necesita atraer la inversión pública y privada, invertir mayor presupuesto en la creación de pequeñas y medianas empresas y en las actividades del sector primario, así como impulsar políticas públicas de mediano y largo plazo que incentiven la producción nacional del sector agropecuario y la oferta de mercado.

Por lo anterior, condenamos la política actual que, de manera irresponsable y populista, pone en riesgo el trabajo de las y los productores del sector agrícola y pecuario de nuestro país, dando los beneficios expuestos a 15 empresas que con el acuerdo pueden vender cualquier producto y poner en riesgo la salud de millones de mexicanos.