El Grupo Parlamentario del PRD, que coordina la diputada Verónica Juárez Piña, exhortó a los congresos locales a erradicar cualquier penalización del aborto por violación sexual, a fin de garantizar los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud mental, en concordancia con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un comunicado, informó de la presentación del punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que este Poder conmine a los congresos locales a modificar la legislación penal que aún contemple una limitación temporal para la interrupción del embarazo por violación.

En su argumentación, la bancada invocó la determinación de la Primera Sala de la SCJN del pasado 7 de julio en la cual considera que un límite temporal para la interrupción legal del embarazo por violación es otro acto de violencia contra los derechos humanos de las mujeres, pero ahora de carácter institucional, que las revictimiza.

La fracción parlamentaria refirió que, al amparar a una víctima de violación, dicha instancia judicial reconoció que la violación es, en sí misma, un acto de violencia contra la mujer que se prolonga en caso de que la víctima no pueda acceder a un procedimiento abortivo en cualquier momento del embarazo.

Destacó que los ministros determinaron que, para juzgar con perspectiva de género, las y los juzgadores deben valorar los posibles efectos discriminatorios de normas e instituciones a través de elementos objetivos, casos en los cuales la perspectiva de género se entenderá como una función correctiva.

“Desde luego, esta instrucción de la SCJN es para las propias instancias del Poder Judicial, pero en lo que atañe al Poder Legislativo, también se debe actuar, en este caso específico, a través de los congresos locales y la Comisión Permanente”, expuso.

Pide PRD que Segob informe sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, para mejorarla

En otro tema, la bancada llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a informar al Congreso de la Unión sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de mejorar su aplicación.

Afirmó que a más de un año de su vigencia la ley “sólo ha beneficiado a una ínfima parte de quienes se pretendía o de quienes lo han solicitado”, y por ello promueven un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que el Poder Legislativo requiera oficialmente esa información a la Segob.

Recordó que dicha ley fue publicada el 22 de abril de 2020 y, según el titular del Ejecutivo Federal, beneficiaría principalmente a indígenas, mujeres, ancianos y, en general, a personas de bajos ingresos que no tuvieron defensa adecuada, encarceladas injustamente o que fueron acusadas de delitos no graves.

“Según el titular del Ejecutivo Federal, la Ley de Amnistía beneficiaría a estas personas mientras que se continuarían atendiendo otros casos en los que procediera el desistimiento, como el de los presos políticos o el de aquellos a quienes se les ‘fabricaron’ delitos, como los maestros acusados de lavado de dinero”, expuso.

Apuntó que el comité del Gobierno Federal encargado de atender las solicitudes sólo ha sesionado tres veces y sólo ha amnistiado a cinco de los 845 internos que lo solicitaron, eso mientras las cárceles sumaron 15 mil internos en el último año, para totalizar más de 220 mil.

“Es necesario que la Secretaría de Gobernación informe oficialmente al Congreso de la Unión sobre la aplicación de dicha Ley, el número de beneficiados, los delitos que se les imputaban, el número de solicitudes rechazadas y el número de solicitudes pendientes, así como las razones por las que no han sido resueltas”, concluyó.