El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN), secretario de la Comisión de Salud, exigió a la Secretaría de Salud federal respetar la autonomía y operación del Consejo de Salubridad General y servidores públicos que lo integran, así como conducirse con imparcialidad y apego a la legalidad en el proceso de separación del cargo de José Ignacio Santos Preciado y su equipo de trabajo en ese órgano colegiado.
En un comunicado, informó que presentará un punto con ese propósito ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
“Durante toda la administración del presidente López Obrador, aún antes de la pandemia, el Gobierno Federal ha marginado al Consejo de Salubridad General de las decisiones importantes en nuestro sistema de salud y obstaculizado su operación que, en estricto sentido, debe ser técnica y autónoma, no estar condicionada a intereses políticos del gobierno en turno, puesto que el Consejo tiene atribuciones como reglamentar el manejo de enfermedades graves que, deben realizarse con evidencia científica y con criterios de salud pública”, externó.
“La salida de Santos Preciado, exsecretario del Consejo, se da en un escenario de centralización de funciones en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud que dirige Hugo López-Gatell, para tener un control político del sistema de salud y seguir tomando decisiones que convengan a los intereses de la 4T; sin embargo, esta centralización, incluido el manejo de la pandemia, se hizo violando la ley, ya que el Consejo de Salubridad General es una autoridad sanitaria reconocida en la Constitución, que no puede ser desplazada”
Además, “está claro que hay una persecución política dentro del Consejo de Salubridad General, debido a que sus funcionarios se negaron a validar políticas irresponsables de este Gobierno, como la desarticulación del Censo de Enfermedades Raras para no dar tratamiento a más enfermedades, el desfalco del Fondo de Salud para el Bienestar y la propia estrategia contra la pandemia. El resultado fue un desastre: entre 2020 y 2021 hubo en México un exceso de mortalidad ligado al Covid-19 de 626 mil personas, así reconocido por la OMS”, agregó.
Ramírez Barba también hizo un llamado a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para iniciar el proceso de dictamen de la iniciativa que reforma la Ley General de Salud, presentada por el PAN, para otorgarle plena autonomía al Consejo de Salubridad General.
“Está claro que el diseño normativo actual condiciona al Consejo de Salubridad General a estar atado a la Secretaría de Salud, cuando debería ser una institución con capacidad de respuesta inmediata ante emergencias en salud y un espacio de toma de decisiones basadas en evidencias científicas”, subrayó.
Refirió que el Consejo está integrado por los titulares de áreas prioritarias de la Administración Pública Federal, por los gobiernos locales, así como por expertos del sector académico, social y privado, “por lo que es el espacio ideal para la articulación de las políticas sanitarias en situaciones que representen una amenaza para la población, como las epidemias.
“Es indispensable que el Consejo de Salubridad General cuente con total independencia de la Secretaría de Salud, para que adquiera capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a la población. Asimismo, es urgente que cuente con recursos presupuestales, materiales y humanos propios, sin la intermediación de la Secretaría de Salud, a fin de que goce de absoluta autonomía operativa y de financiamiento”, finalizó el legislador.
Foto: Cámara de Diputados