El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados exigió a Morena y aliados dejar de manipular leyes e instituciones para sus fines electorales.

Asimismo, liberar a opositores quienes injustamente han encarcelado para impedirles participar en comicios próximos, como a Rogelio Franco en Veracruz; dejar de agredirlos de cualquier otra manera y apegarse a la legalidad.

Por medio de un comunicado, la coordinadora de las y los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, rechazó cualquier “acuerdo de civilidad” entre partidos y contendientes para las próximas elecciones, pues «no se puede convocar al mismo mientras a un partido opositor, como el PRD, se le pone la bota en el cuello”.

“Debe haber condiciones para ese acuerdo. No podemos acudir a un acuerdo mientras se persigue a nuestros compañeros”, apuntó en conferencia de prensa acompañada de los diputados Azucena Rodríguez Zamora, Antonio Ortega Martínez y Frida Alejandra Esparza Márquez.

Demandó además a diputados morenistas y aliados resolver a la brevedad la denuncia de juicio político que se presentará el martes próximo contra el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; la Fiscal General de la entidad, Verónica Hernández Giadáns, y la juez Alejandra Castellanos Priego, quien giró orden de aprehensión contra Rogelio Franco, candidato del PRD a diputado federal.

«Claramente violaron la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y los Derechos Humanos del detenido al aplicarle una ley a modo y a pesar de que contaba con un amparo», señaló.

Juárez Piña requirió a instancias correspondientes de la Cámara de Diputados resolver esta demanda de juicio político a la brevedad, como lo hicieron en el caso de Rosario Robles y otros, una vez que la bancada del PRD la ratifique, «claramente los mencionados actúan de manera facciosa y contra las más elementales garantías de la ciudadanía al perseguir a sus opositores hasta convertirlos en presos políticos o eliminarlos».

Refirió que así lo prueba el hecho de que el gobierno morenista de Cuitláhuac García en Veracruz, como sus aliados en el Congreso y la Fiscalía estatales, diseñaron y aplicaron una reforma para agredir y deshacerse de sus opositores, tal como lo hicieron con el cambio reciente al Código Penal para incluir en el mismo el delito de “ultraje a la autoridad”, que tres días después le aplicaron a Franco Castán.