La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) advirtió este jueves que hay cada vez mayores pruebas de la relación entre la exposición a las redes sociales y el consumo de drogas ilícitas, sobre todo entre los jóvenes, que son los principales usuarios de esos medios y están dentro de un grupo etáreo con altos índices de ingesta de dichas sustancias.

En su informe anual correspondiente a 2021, la JIFE, un ente independiente respaldado por la ONU, explica que esas plataformas ensalzan comportamientos negativos relacionados con el uso de narcóticos controlados al ofrecer una imagen atractiva y glamourosa de quienes tienen esas conductas.

Además, los medios sociales ofrecen a los consumidores la oportunidad de comprar en muchas plataformas cannabis, analgésicos sujetos a prescripción médica y otras sustancias fiscalizadas, y permiten que los delincuentes exploten muchas herramientas, como las monedas digitales, los pagos móviles y los servicios de monedero electrónico, que facilitan y agilizan la transferencia internacional de dinero y les permiten ocultar el origen de los fondos ilegales y maximizar las ganancias.

Frente a esta situación, la Junta pide a los gobiernos que reglamenten esas plataformas e insta al sector privado a que modere y autorregule sus medios digitales y limite la publicidad, y la promoción del consumo de drogas con fines no médicos.

“Es imprescindible hacer frente a esa situación, no sólo por los usuarios actuales, sino también por las generaciones venideras, que utilizarán las redes sociales en su vida cotidiana”, dijo la presidenta de la JIFE, Jagjit Pavadia.

El estudio analiza los flujos financieros ilícitos relacionados con el narcotráfico y destaca las consecuencias negativas que éstos tienen en las sociedades y el desarrollo, al alimentar la corrupción, la violencia, la pobreza y la desigualdad, y fomentar el crimen organizado.

Argumenta que esos flujos se reasignan al combate al narcotráfico recursos de iniciativas para reducir la pobreza y promover el desarrollo social y económico, lo que, a su vez, debilita la buena gobernanza y agrava la desigualdad.

Cada año se pierden millones de dólares en manos de grupos delictivos organizados y la salida ilícita de capitales es aún más perjudicial para los países en desarrollo que precisan fondos para impulsar el crecimiento económico.

Los flujos financieros ilícitos también desvían recursos necesarios para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desangran los recursos públicos y socavan los esfuerzos de movilización de asistencia para el desarrollo.

Para contrarrestar los efectos negativos y el costo humano del comercio de drogas, la Junta recomienda que los gobiernos aborden todas las etapas del narcotráfico, desde la producción y el cultivo hasta la venta y el lavado de ganancias ilegales, y los llama a que compartan información sobre el crimen organizado a nivel internacional.

“Los flujos financieros ilícitos no reconocen fronteras ni nacionalidades, por es necesario actuar de manera colectiva”, recalcó la presidenta de la Junta.

Con respecto a la despenalización del cannabis en muchos países, la JIFE insistió en que es motivo de preocupación porque ha sido interpretada por muchos como la legalización del consumo no médico del cannabis.

En este sentido, enfatizó en la necesidad de que se entiendan colectivamente los conceptos de legalización, descriminalización y despenalización de conformidad con las convenciones de fiscalización de drogas, y subrayó la importancia de una respuesta equilibrada y proporcionada a los delitos relacionados con las drogas, que mantenga el respeto a los derechos humanos y el bienestar público.

“La legalización del uso no médico del cannabis contraviene las convenciones de control de drogas”, aseveró Jagjit Pavadia.

El informe dedica un apartado al consumo de los opioides que se utilizan para aliviar el dolor, reportando que su consumo se concentra en los países desarrollados de Europa y Norteamérica, mientras que en otras regiones del mundo a menudo no hay un acceso suficiente a ellos para cubrir las necesidades médicas de la población.

La JIFE exhorta a los gobiernos a esforzarse para que haya suficientes medicamentos disponibles y solicita a los países con más recursos que ayuden a las naciones pobres a garantizar el acceso a esos estupefacientes.

Por otra parte, el estudio refiere el fácil acceso que tienen los delincuentes a los precursores que hacen falta para fabricar drogas ilícitas.

Una encuesta de la JIFE realizada en junio de 2021 mostró las deficiencias en los controles de la fabricación, el comercio y la distribución nacionales de precursores, lo que permite a los traficantes obtener esos productos en el mercado lícito.

Asimismo, se han encontrado ya sustancias químicas no fiscalizadas que pueden servir como alternativas a los precursores controlados.

La JIFE sostuvo que la evolución de la fabricación ilícita de drogas requiere de una acción global y que se debe hacer frente a la proliferación de sustancias químicas no controladas y de precursores de diseño.

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