La diputada María Clemente García Moreno (Morena) afirmó que con el foro virtual “Hacia una reparación para las víctimas de discriminación”, busca crear una iniciativa para que la discriminación pueda ser penalizada como daño moral y que los jueces puedan dictar sanciones económicas para aquellos que incurran en dichos actos.

Durante la inauguración del foro este jueves, indicó que pretende generar un debate respecto a las medidas de reparación del daño moral, que urge implementar en el país cuando circulen actos de discriminación.

García Moreno reconoció al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, por aportar para que como diputada pueda apoyar en la modernización del marco jurídico federal en materia civil, a fin de dotar a los jueces de herramientas que les permitan impartir justicia en pro de las víctimas que han sufrido algún acto de discriminación.

Comentó que actualmente la discriminación está muy presente; “tan solo un legislador en este recinto, un legislador del PAN con sus dichos a través de su cuenta de twitter pretende borrar a las dos primeras diputadas trans”.

“Nosotras como legisladoras tenemos pocas herramientas para confrontarle, así como para buscar que cese su discurso de odio y ya no hablemos de que exista una sanción en su contra, en ese mismo dilema es al que nos enfrentamos miles de personas que somos víctimas de algún acto de discriminación”, abundó.

La legisladora de Morena comentó que de principio se puede promover una queja ante organismos en cargados de combatir la discriminación, como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred); buscamos que en ese ámbito civil se pueda sancionar la discriminación.

“Una vez que el acto de discriminación es acreditado se puede solicitar una disculpa o rectificar el hecho y de esta forma se desista la acción que fue la causal de la discriminación, pocas veces se sanciona y en contadas ocasiones, los casos de discriminación llegan a un ámbito judicial, muchas veces jueces tienen las carencias para reparar o compensar a las víctimas de discriminación”, añadió.

Por su parte, la diputada Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de Morena, propuso continuar con la discusión en otros foros y espacios donde se pueda analizar qué tipo de medidas transformadoras y de fondo deberían de incluirse en el conjunto de acciones de reparación de daño a víctimas de discriminación que involucren medidas para cambiar las costumbres y prácticas sociales que facilitan la discriminación.

Afirmó que la mayoría de los actos de discriminación se sustentan en una falsa cultura, falsa idea de superioridad o mayor valía de una persona sobre otra, por lo que hay que reconocer que esas creencias se encuentran enraizadas en costumbres, ideas preconcebidas, estereotipos, prejuicios y construcciones sociales que fomentan o toleran esa idea de desigualdad justificada, la cual se debe de cambiar para evitar que la discriminación siga siendo una enfermedad social.

Consideró que es indispensable impulsar las medidas de no repetición, que se propongan o integren en la visión de transformación de esa cultura o costumbre que justifica o facilita la consumación de las propias violaciones a los derechos humanos, ya que actualmente las medidas de reparación del daño que se dictan en la sede administrativa, ministerial y judicial de discriminación carecen de una visión integral y transformadora.

Por su parte, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consideró que es fundamental desplegar autoridades que prevengan y eviten actos de discriminatorios antes de su ejecución, a fin de generar la cultura de respeto a los derechos humanos, en condiciones de igualdad entre las autoridades y los particulares.

“De ahí la importancia de desarrollar entre otras medidas el derecho a la reparación integral a favor de las personas víctimas de discriminación conforme a los estándares internacionales”, apuntó.

Enfatizó que algunos instrumentos internacionales como la Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Cerd) o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros, han sido una fuente de herramientas útiles para dotar a las autoridades, a fin de que distingan cualquier acto de discriminación en el país.

A su vez, Gonzalo Solís López, director del Instituto Municipal del Instituto de Juventud y Emprendimiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, celebró que se lleva a cabo la apertura para crear un marco legislativo para combatir y dotar de un marco jurídico al Poder Judicial, a fin de tener herramientas que castiguen estas acciones que dañan en lo moral y económico a muchas personas que sufren discriminación.

Consideró que esto ayudará a los gobiernos municipales a construir actividades integrales que ayuden a combatir la discriminación, incluso a vincular institucionalmente con el Poder Judicial para construir programas para erradicar la discriminación en los tres niveles de gobierno.

Armando Zepeda García, activista y defensor de derechos humanos, relató que en 2017 participó en la vacante que ofertó la aerolínea Volaris para sobrecargo de aviación, del cual acreditó cinco filtros que la empresa imponía para poder tener acceso al empleo.

Sin embargo, dijo que “lejos de dar por hecho que mi capacidad era idónea para poder desempeñar las funciones, se me juzgó por ser seropositivo, al realizarme un estudio de sangre de detección del VIH” (Virus de la Inmunodeficiencia Humana).

Por lo anterior, interpuso una demanda de daño moral en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y el juez de origen dictó una medida para que las empresas inscribieran la demanda como un evento relevante ante la Bolsa Mexicana de Valores y la Bolsa Institucional de Valores, por considerar que el acto del cual había sido participe de discriminación era muy grave.

Ante ello, destacó que es importante que se castigue a las empresas mediante la reparación del daño justa, porque eso nos va a garantizar a las personas que viven con VIH y a todos aquellos que son víctimas de discriminación para que eso no vuelva a suceder.

César Flores Mancilla, profesor de derechos humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó que el procedimiento de quejas de Conapred puede también considerar la compensación económica como un mecanismo de reparación del daño frente a actos de discriminación, que definitivamente no se deben tolerar.

Insistió en que aún se deben afinar los mecanismos, hacerlos más efectivos, ya que las resoluciones de Conapred, al ser de cumplimiento obligatorio, son revisables e impugnables por la vía administrativa, a través de la nulidad y por la vía judicial, a través de juicios de amparo, lo cual “hace que en ocasiones estos procedimientos pierdan más tiempo de lo que como sociedad necesitaríamos”.

Por otro lado, Jessica González Hermosillo-Zubiaga, postulante en materia de derecho, consideró que es necesario que los legisladores reformen para crear mecanismos jurisdiccionales, a fin de que se tenga previsto una especie de tabulador para sancionar a las empresas trasnacionales, con el cual partan de ahí los juzgadores y sea más sencillo darles un beneficio a las víctimas de discriminación.

Comentó que no hay un tabulador con el que se pueda establecer el tema del daño moral, ya que hay apenas dos o tres antecedentes, “es justo ahí en donde estamos en bache que no nos deja avanzar y que el final del día la única forma en la que realmente se pudiera resarcir a la víctima es en la parte patrimonial”.

“Mientras más fuerte sea el detrimento en contra de las empresas trasnacionales, hay que empezar a tomar en cuenta medidas para atender situaciones de discriminación, en ese sentido vemos que a pesar de que existe la voluntad del juzgador para apoyarnos esta situación no nos deja avanzar”, añadió.

Luis Alfonso García, del Consejo para Prevenir y Eliminar a Discriminación (Copred), consideró que es necesario realizar cambios en el marco normativo para que se le den las facultades a la Copred de multar y sancionar; considerar opiniones de sujetos como las comisiones y consejos para prevenir la discriminación nacional y local.

“Nos permiten a nosotros seguir con nuestro trabajo, para que otras instancias puedan en automático puedan considerar las resoluciones como un factor importante”, agregó.

Reconoció que el consejo tiene un rezago en cuanto a los tiempos de respuesta, ya que a partir de ocho o nueve meses un expediente se le da solución, en razón de la carga de trabajo y complejidades de los casos.

El diputado Pedro David Ortega Fonseca, secretario de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, consideró que se deben generar las sinergias para instrumentar acciones incluyentes con acciones preventivas y de buenas prácticas en el ambiente laboral y empresarial, enfocadas a los grupos que históricamente han sido discriminados y de atención prioritaria.

Comentó que los grupos con mayor discriminación en el ámbito laboral son las personas indígenas afrodescendientes y las personas que sufren de alguna discapacidad, tiene proporciones mayores de personas que trabajan en ocupaciones de menor calificación.

Refirió que, de acuerdo con una encuesta realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCCE), en el 2017, en el ámbito laboral por la discriminación: orientación sexual, 32 por ciento; condición socioeconómica, 31 por ciento; discapacidad, 27 por ciento; género, 25 por ciento; religión, 13 por ciento y cultura, 12 por ciento.

Juan Eliseo Hernández Villaverde, magistrado en materia civil del Poder Judicial de la CDMX, comentó que lo importante es que México cumpla con su compromiso internacional de visibilizar el fenómeno de la discriminación y de las acciones que se ejecutan para la reparación integral del daño por dicho daño, lo cual justifica una reforma en la cual expresamente se reconozca la obligación de pagar el daño moral.

Asimismo, generar herramientas procesales que dependiendo del caso en concreto den mayores posibilidades a las personas víctimas para poder justificar estos daños, es decir generar presunción de certeza del daño moral ante cualquier caso de discriminación.

Fernando Velázquez Carasa, socio en ADIL Inclusión Laboral para la Diversidad, planteó que las empresas deberían crear un programa de evaluación de cómo se encuentra el estado de la inclusión y la equidad al interior, los cuales pondrán un diagnóstico de las mismas y servirán de herramienta de trabajo buscando la abolición de los actos de discriminación con una competencia sana y utilizar estos modelos como un referente y apuntalar sus programas de trabajo.

Patricia González, presidenta del Comité de Asuntos Públicos y Gubernamentales de la American Society of México, comentó que se requiere adecuar las leyes a incluir tanto a nivel federal y local; y dijo que la educación es un factor decisivo para el país, en materia de diversidad, ya que es apremiante desde los niveles elementales hasta los empresariales.

“La parte de diversidad, equidad e inclusión en la empresa es indispensable para tener un éxito y seguir avanzando en la materia, (ya que) “nos hace falta mucho en la empleabilidad para seguir adelante y persistir, a fin de que sean implementadas para concientizar”, expresó.

Consideró que se necesita incentivar a las empresas para que cumplan con la inclusión, más que penalizar la falta, para ello se les debe reconocer desde la sociedad y de los beneficios que pudieran tener por aplicar esas políticas”, dijo.

Finalmente, Edy Smol, comunicador, propuso que como parte de la legislación se incluya en la ley que personas que incurran en actos de discriminación tendrán una pena en la cual deberán hacer servicio social dirigido hacia la etnia, grupo, situación, persona o ámbito a la cual emitió la discriminación, para eliminar la ignorancia de las personas y la sensibilizarían.

Señaló que la discriminación proviene de la ignorancia y factores de odio, rencor y frustración que trae el propio individuo, por lo que se requiere que para que las personas dejen de discriminar deben tener mayor conocimiento sobre etnias, religión, preferencia sexual y condición física.