Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) y académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) expusieron aspectos técnicos positivos y negativos en torno a la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, propuesta por el Ejecutivo Federal.

Lo anterior, durante el “Foro de información y análisis sobre la reforma energética”, realizado en el Centro Cultural Bicentenario de la UASLP, y al que se dieron cita diputadas y diputados federales de Morena y del PVEM pertenecientes a la Comisión de Puntos Constitucionales –entre ellos su presidente Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena)– y a otras comisiones.

En el foro estuvo presente el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco, quien anunció que el próximo 7 de enero de 2022 se realizará un foro de Parlamento Abierto para analizar y discutir a fondo la iniciativa presidencial con la participación de académicos, especialistas, dueños y altos ejecutivos de empresas generadoras de energía eléctrica, y representantes de la CFE, así como de otros actores interesados en el tema.

“Nosotros no queremos dar una puñalada al pueblo, nosotros no queremos cometer un fraude a la Constitución, y por eso se realizará este foro de Parlamento Abierto, para que todas y todos conozcamos en qué consiste esta reforma eléctrica”, externó Mier Velazco.

“La discusión y análisis tiene que estar despojada de aspectos ideológicos, tiene que abordar cuestiones técnicas y económicas, es decir, tiene que hablarse de pesos y centavos, y tiene que contribuir a desvanecer mitos”, abundó.

El diputado Robledo Ruiz dio inicio al foro al señalar que la iniciativa del Ejecutivo Federal es importante y trascendente para el país, porque propone que el Estado asuma la rectoría del sector eléctrico, “trata de reivindicar como un área estratégica de la economía nacional a toda la industria eléctrica», y además reconoce a la energía eléctrica como un elemento de seguridad nacional.

Asimismo, dijo, porque plantea nacionalizar el litio, que es “el mineral del futuro”, y establece que el Estado debe ser el responsable de transitar hacia la generación de energías limpias, entre otros aspectos.

La primera ponencia estuvo a cargo de Mario Morales Vielmas, director general de CFE Intermediación de Contratos Legados (una filial de la CFE), quien comentó que hasta 1992 la energía eléctrica en México era barata, porque estaba en manos del Estado y no era un negocio, pero a partir de ese año las empresas privadas comenzaron a llegar al país y, entonces, las tarifas empezaron a subir.

Relató que con la reforma energética de 2013, la CFE comenzó a perder su participación en la producción total de energía eléctrica. En ese año producía el 63 por ciento; en 2018 bajó a 52 por ciento; en 2020, a 39 por ciento, y se proyecta que para 2024 su participación será de 29 por ciento, y para 2029 de 16 por ciento.

“Sin la reforma que propone el Presidente de la República, la CFE prácticamente desaparecerá, porque es lo que propicia la reforma de 2013”, subrayó.

Destacó que Estados Unidos sólo permite a los privados participar con el 15 por ciento de la producción total, porque para el gobierno de ese país la generación de la energía eléctrica es un asunto de seguridad nacional; “quien tiene el control de la electricidad tienen el control del país”.

La propuesta del Ejecutivo Federal es que los privados generen el 46 por ciento de la electricidad, y la CFE el 54 por ciento, refirió.

La segunda ponencia estuvo a cargo de Alberto Montoya Martín del Campo, titular de la Conamer, quien refirió que antes de la nacionalización de la industria eléctrica, en 1960, sólo el 44 por ciento de la población tenía acceso a esa energía, y después de ese año el porcentaje subió a 99 por ciento, lo cual demostró que “el Estado es el único ente que garantiza el interés público nacional”.

En ese orden de ideas, apuntó que la iniciativa del Ejecutivo va en el sentido de dar al Estado las herramientas para que el país tenga una transición energética soberana, atendiendo el interés público, y dando respuesta al cambio climático.

Indicó que México tiene una dependencia energética, y sólo cuenta con recursos fósiles para ser autosuficiente por 10 años más, por lo que urge definir cómo va a reemplazar el uso de insumos fósiles y comenzar a producir su propia tecnología y, al menos, el 30 por ciento de los bienes capitales como baterias, paneles solares, turbinas eólicas, estaciones de carga y motores para autos eléctricos, entre otros.

En ese sentido, señaló que es un acierto que la iniciativa de reforma constitucional considere al litio como un elemento estratégico, por su capacidad para almacenar energía.

En la tercera ponencia, Raúl Armando Jiménez Vázquez, abogado general de la CFE, se refirió a la reforma energética de 2013, sobre la cual dijo que fue ilegítima, pues se trató del fruto de violaciones graves al procedimiento legislativo, de sobornos a diputados y senadores, y de la opacidad, ya que el pueblo no tuvo oportunidad de conocerla con anticipación.

“La reforma de 2013 es un proyecto fallido e insostenible, porque pone en riesgo la seguridad y autosuficiencia energética, no garantiza la continuidad del sistema eléctrico nacional, pone en riesgo la seguridad nacional y no garantiza el abastecimiento de la energía”, argumentó.

Además, prosiguió, suprimió el interés público para priorizar los intereses privados al otorgar beneficios ilimitados a las empresas privadas, principalmente extranjeros, y debilitar a la CFE.

Aseguró que la iniciativa del Ejecutivo es congruente con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y con el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Víctor Manuel Cárdenas Galindo, profesor de la Facultad de Ingeniería de la UASLP, quien dijo representar a 15 investigadores de ingeniería de esa casa de estudios, refirió datos del Programa Nacional de Sistema Eléctrico Nacional, de la Secretaría de Energía, para señalar que hasta 2020 sólo el 28 por ciento del total de la electricidad se produce con energías limpias, y el 72 por ciento restante, con insumos fósiles contaminates.

Hizo una serie de cuestionamientos a la iniciativa presidencial de reforma eléctrica sobre cuáles son los aspectos técnicos favorables y cuáles tienen un impacto negativo.

Sobre dichas interrogantes indicó que la propuesta desalienta la inversión en energías limpias, no se prioriza el despacho de todas las energías limpias, no cuenta con un apartado de protección ambiental, ni con un plan de sustitución de combustibles fósiles, no contempla el desarrollo futuro de la red eléctrica en cuanto al sistema de transmisión, no hay metas y compromisos de la CFE evaluables, para energía más eficiente, barata y limpia.

Agregó que no hay contrapesos, pues desaparece la Comisión Reguladora de Energía (CRE), se eliminan los certificados de energías limpias, se fortalece la visión operativa de un monopolio eléctrico, se exige la cancelación de todos los permisos de generación eléctrica y contratos de compraventa y solicitudes pendientes de resolución, lo que supone el regreso a combustibles fósiles contaminantes.

Por último, en la quinta ponencia, Marco Antonio Barrera Vázquez, profesor de la Facultad de Derecho de la UASLP, destacó la importancia de la electricidad en la vida de la humanidad e hizo un relato sobre la aparición de las empresas privadas en México a partir de 1992 y su impacto en el mercado e industria eléctrica.

Comentó que la reforma energética de 2013 no benefició al país, pero ahora, con la iniciativa del Presidente de la República, se está en la antesala de un momento histórico para sentar las bases que den paso a una transición energética.

En tanto, Alejandro Zermeño Guerra, rector de la UASLP, agradeció a los las y los legisladores que hayan tomado en cuenta a dicha casa de estudios superiores para realizar el foro informativo, y expresó su beneplácito porque una parte de las diversidad de ideas sobre este tema se haya dado en su universidad.

Al foro asistieron las y los diputados Aleida Alavez Ruiz, vicecoordinadora de la bancada de Morena; Armando Gómez Betancourt (PVEM) y Yeidckol Polevnsky Gurwitz (Morena), ambos de la Comisión de Puntos Constitucionales; Jaime Martínez López (Morena), presidente de la Comisión de Marina; Salma Luévano Luna (Morena), presidenta de la Comisión de Diversidad; y Mario Miguel Carrillo Cubillas (Morena), secretario de la Comisión de Defensa Nacional.

Asimismo, Martha Barajas García y Antolín Guerrero Márquez, quienes son diputados federales de Morena por San Luis Potosí.