El Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) organizó la conferencia “Necesidades legislativas en materia de combate y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita” en la que participó Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Al dar la bienvenida, la secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Báez Ricárdez, dijo que los temas que trata y la relevancia que ha adquirido la UIF, “dados los casos que ha tenido” son muestras de la necesidad de contar con funcionarios públicos responsables y comprometidos para fortalecer el Estado de derecho en México.

Reformas centrales para cumplir recomendaciones de GAFI

Nieto Castillo planteó como temas centrales de la agenda legislativa para que México cumpla los compromisos y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), reformas a las leyes de Prevención de Lavado de Dinero, a la Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a la de Instituciones de Crédito y al Código Penal Federal, cuya aprobación es fundamental.

Destacó que para la UIF es fundamental la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a tener un mecanismo ágil e inmediato que permita congelar las cuentas que se sospechen que realizan lavado de dinero. Precisar un procedimiento específico, claro y determinado a cargo de la SHCP para introducir a los sujetos en la lista de personas bloqueadas.

Consideró importante definir dónde podría entrar el Sistema Nacional Anticorrupción para que en coordinación con la UIF y el SAT combatan de forma integral la corrupción y particularmente se tengan mecanismos para identificar a los beneficiarios finales.

Lo más importante es alentar una política integral entre la UIF, la Auditoría Superior de la Federación, el SAT y la Secretaría de la Función Pública para conocer la evolución patrimonial de los funcionarios, y de la Fiscalía General de la República, a fin de que el sistema sea más robusto, afirmó.

Respecto al Código Penal Federal, dijo que se tiene el objetivo de dotar de herramientas jurídicas que permitan investigar y sancionar penalmente a quien financie al terrorismo, cuyo principal y directo responsable son las personas morales, a través de las cuales se inyectan recursos.

También, agregó, se requieren mecanismos jurídicos para identificar el financiamiento al terrorismo a través de operaciones sospechosas; precisar a las personas políticamente expuestas, quiénes tienen un rango mayor de director general hacia arriba, como legisladores, magistrados, jueces, funcionarios de la administración pública, incluidos los órganos autónomos.

Señaló que la reforma jurídica incluye la coordinación con la Guardia Nacional, facultades proactivas de la UIF, coordinación para el intercambio de información con todas las autoridades, como la de partidos políticos y sindicatos, que son dos instancias que no se encuentran, hasta el momento, reguladas como actividades vulnerables a pesar de que pueden representar un riesgo al financiamiento de campañas electorales y de corrupción en ciertos entornos sindicales.

“El control de ambos permitirá tener una mejor previsión de lavado de dinero”. Asimismo, considerar al fútbol como actividad vulnerable, precisó.

Sobre las 40 recomendaciones emitidas por el GAFI, señaló que el país tiene un nivel de incumplimiento relevante; solamente tiene cinco cumplidas, una no cumplida, 15 parcialmente cumplidas y el resto, 19, mayoritariamente cumplidas; sin embargo, tenemos 16 que están en las posiciones más complejas o menos adecuadas, por lo que es necesario que México genere una política pública para definirlas.

Apuntó que es necesario que la gente sepa qué es el lavado de dinero, sobre todo cuando venda un bien y le paguen en efectivo, porque puede tener una connotación negativa y ser dinero proveniente de trata de personas o migrantes, tráfico de órganos, corrupción política o venta de psicotrópicos de la delincuencia organizada.

Nieto Castillo indicó que se requieren sistemas automatizados que permitan monitorear operaciones. De concretarse estas medidas se blindará al sistema financiero y se identificarán recursos nacionales y del exterior.

La lucha contra la corrupción requiere y un marco jurídico eficaz

El encargado del CEDIP, Juan Carlos Cervantes Gómez indicó que la conferencia deja muchas reflexiones sobre un problema sumamente técnico y complejo; de ahí la importancia de escuchar a un operador jurídico relevante que vive día a día con esta problemática, que la conoce, la ha estudiado, detectado, combatido y sabe cuáles son los puntos débiles de la legislación en esta materia.

Señaló que la lucha contra la corrupción es muy compleja y se requieren herramientas tecnológicas y técnicas, y un marco jurídico eficaz. “Las leyes deben evolucionar y tecnificarse para ser instrumentos que abatan y sirvan como mecanismos para su combate efectivo”.

Añadió que el Poder Legislativo debe ser aliado para cumplir con los organismos internacionales que supervisan y son un apoyo importante para el cumplimiento de las recomendaciones y compromisos de México.

Comentó que “el terrorismo no es un asunto importante en el país, pero tampoco queremos que lo sea. Busca cualquier resquicio en el sistema financiero para transferir recursos a propósitos no deseados y es importante combatirlo, desde el punto de vista preventivo”.

El moderador de la mesa, Marcial Manuel Cruz Vázquez, director de Estudios Jurídicos del CEDIP, destacó la importancia de conocer las perspectivas, dinámicas y necesidades legislativas, sobre uno de los principales temas de interés para el gobierno de la República en la Estrategia Nacional de Seguridad pública 2018-2024, que tiene que ver con el tema de recursos financieros de la delincuencia.

Señaló que se elaborará una sinopsis para abrevar las necesidades vertidas en la conferencia, darles difusión y sirvan para el proceso legislativo.

Estuvieron en la conferencia, la diputada del PT, Clementina Marta Dekker Gómez; José Gildardo López Tijerina, responsable de la Dirección General del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; Elías Robles Andrade, director del Museo Legislativo “Sentimientos de la Nación”; lIdefonso Morales Velázquez, director general del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas; Ricardo Barraza Gómez, coordinador de Comunicación Social; María Vázquez Valdez, directora de Bibliotecas; Patricia Moreno Hernández, directora general de Programación, Presupuesto y Contabilidad, y Homero Aguilar, director Jurídico para la Evaluación y Control.