Especialistas y representantes de trabajadores del sector salud, educativo, cultural, científico y tecnológico, así como de organizaciones civiles en materia de vivienda expusieron ante integrantes del Grupo Parlamentario del PT las problemáticas y necesidades presupuestales que se requieren en sus ámbitos para 2022

Lo anterior, durante la mesa de diálogo titulada “Para atender la emergencia con un presupuesto para el desarrollo social y nacional que promueva el bienestar”, que organizó la bancada petista de manera semipresencial, y que estuvo dividida en tres paneles: 1) salud, 2) vivienda y 3) educación, ciencia, tecnología y cultura.

Necesidades en materia de salud

En la primera mesa, Horacio Tovalin Ahumada, especialista en Salud, señaló desde la plataforma digital Zoom, que el sistema de salud mexicano no cuenta con la capacidad y suficiencia para atender pandemias, como se evidenció en la emergencia sanitaria por la Covid-19. Por ello, se requieren cambios radicales que prioricen presupuesto dirigido a la atención primaria y preventiva, no sólo a la secundaria y terciaria, como se ha hecho.

“Esa atención primaria debería ser de excelencia, precisando de trabajadores especializados, no sólo médicos y enfermeras, se necesitan incluir más: trabajadores sociales, psicólogos y promotores de la salud que nos apoyen a mantenernos saludables y que permitan dar seguimiento a la población”, dijo.

Por su parte, Gerardo Luna Vázquez, especialista en la producción de medicamentos e integrante de la empresa paraestatal Biológicos y Reactivos de México (Birmex), señaló la falta de “voluntad política” para de otorgar presupuesto a la investigación, desarrollo y producción de vacunas en el país, a fin de minimizar las afectaciones de la población que no tiene acceso a una atención médica adecuada.

Agregó que, si las pasadas administraciones “no se hubieran dedicado a desmantelar Birmex”, México estaría en un buen nivel para producir y ser competitivos en el manejo de la vacuna contra el SARs-CoV-2.

En su oportunidad, la enfermera Aurora Maldonado Eligio, a través de Zoom, abordó la problemática en el rubro de profesionalización y basificación del personal de salud, pues existe un mal manejo de las plazas a nivel estatal y federal. “Hay 80 mil trabajadores que cuentan con contratos precarios, sin derechos laborales ni el reconocimiento merecido”, por lo que se requieren criterios adecuados que consideren aspectos como la antigüedad para otorgar una base.

Los retos en el rubro de vivienda

En la segunda mesa, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT), presidenta de la Comisión de Vivienda, subrayó que desde la Cámara de Diputados se atienden tres temas en materia de vivienda: 1) la reforma constitucional para cambiar el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda digna y adecuada”; 2) la iniciativa para que las personas sin derechohabiencia a institutos de seguridad social puedan adquirir créditos para vivienda, y 3) la deuda que se tiene con los damnificados de los sismos de 2017, así como de otros desastres naturales, para reconstruir sus casas.

“Hay un cambio de paradigma respecto a gobiernos anteriores, en los que no se construían casas o las que se edificaban eran de dudosa calidad y no contaban con espacio suficiente; se está detonando el derecho a la vivienda adecuada, lo que al mismo tiempo nos dará paso a transporte, seguridad, servicios básicos y con esto se cubrirán otros requerimientos y garantías ciudadanas”, señaló.

Asimismo, se congratuló de la política gubernamental enfocada a la recuperación de las viviendas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que son abandonadas, para ponerlas a disponibilidad con precios justos.

Alejandro López Villanueva, integrante de la organización Frente Popular Francisco Villa, se pronunció por colocar en la agenda pública el tema del acceso a la vivienda como un derecho humano, con el objeto de cambiar la lógica de concebir a las viviendas como mercancías para las personas adineradas, pues ello ha provocado la formación de ciudades con fragmentos residenciales de lujo y otros con marginación.

En ese sentido, se pronunció por alentar y promover la construcción de viviendas de interés social que garanticen la inclusión de todas y todos los mexicanos, pero que no estén disgregadas de centros de desarrollo económicos.

Gilberto Maldonado, integrante de la comisión de la Red Nacional de Damnificados de los Sismos de 2017, apuntó, desde la plataforma digital Zoom, que a cuatro años aún no ha sido atendida toda la población afectada, pues del total de personas que perdieron todo su patrimonio, sólo el 70% ha sido apoyado y el resto continúa viviendo bajo lonas.

En ese sentido, pidió que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 se etiquete el monto adecuado para la reconstrucción, y se cree una comisión especial que dé seguimiento a los gastos, toda vez que con el Fondo de Reconstrucción hubo varias irregularidades, tráfico de influencias y corrupción.

La ciudadana Teresa Hernández, trabajadora del Instituto Nacional de Pediatría, expuso su inconformidad por los cobros e intereses “desmedidos” que deben pagar los trabajadores al servicio del Estado que solicitaron un crédito de vivienda, ya que en su caso su crédito fue de 329 mil pesos y deberá pagar 766 mil pesos.

Las necesidades del sector educativo

En la tercera mesa, desde la plataforma digital Zoom, Bernardo Aguilar Montiel, director de Calidad e Innovación de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi) de Monterrey, Nuevo León, destacó que el Estado mexicano debe apostar e invertir en la educación inicial de las poblaciones marginadas para garantizar que las y los niños desarrollen adecuadamente sus capacidades cognitivas.

Apuntó que hay estudios que señalan que invertir en la educación de la primera infancia tiene efectos positivos como país, pues se garantiza que tengan una alimentación adecuada y un desarrollo óptimo de habilidades en sus primeros años de vida, con lo cual se evita que exista una niñez con capacidades mentales reducidas.

Leticia López Zamora, del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, subrayó que, pese a que en 2012 se estableció la obligatoriedad de la educación media superior, no se han destinado los recursos necesarios para ello. “En 2019, el rubro tuvo un incremento del 6.2%, pero éste se concentró en el programa de becas Benito Juárez y Jóvenes Construyendo el Futuro, sin considerar la necesidad de aumentar o mejorar la infraestructura educativa”.

Asimismo, dijo, no se consideró mejorar las condiciones laborales de los maestros en este nivel, sumando a que tampoco se destinó presupuesto para su capacitación pedagógica, sino sólo a su evaluación.

Sócrates Silverio Galicia Fuentes, de la Coordinadora Nacional de Sindicatos Universitarios, Educación Superior, Investigación y Cultura, indicó que hay una precarización del trabajo de los profesores de educación superior, pues casi la mitad de los 274 mil académicos de nivel superior trabajan por hora de clase, sin estabilidad ni prestaciones laborales.

Desde la plataforma Zoom, Julio Antonio García Palermo, del Sindicato de Trabajadores del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología, precisó que del Presupuesto federal sólo el 0.3% se destina a ciencia y tecnología, cuando lo ideal debería ser el 1% del Producto Interno Bruto.

Abundó que, si bien en el PEF 2021 hubo un incremento, lo asignado “resultó marginal”, frente a las necesidades de los diversos centros de estudios. También se pronunció por crear plazas para personal académico y administrativo, ya que varios investigadores son contratados por honorarios, con lo cual no tienen prestaciones.

En materia cultural, Florinda Piña Cansino, integrante de la organización “No vivimos del aplauso”, destacó que durante la pandemia de Covid-19 la comunidad artística y cultural, donde la mitad son trabajadores independientes, se vieron sumamente afectados, pues sus actividades se frenaron completamente, y no fueron apoyaos por el Gobierno federal.

En ese sentido, recriminó a la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, “el haber mentido y dicho verdades a medias” al señalar ante organismos internacionales que se atendía adecuadamente a dicho gremio durante la emergencia sanitaria.

Demandó un mayor presupuesto para el rubro de cultura, toda vez que, dijo, en la presente administración se ha reducido 5% respecto al sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, y 35% respecto al gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.