La opacidad en el manejo de fideicomisos permitió el desvío de recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) para la construcción de un “Palco Presidencial” por 8.5 millones de pesos y la remodelación del World Trade Center de Boca del Rio por 38 millones de pesos, reveló este día la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en la Cámara de Diputados.

Al responder a preguntas de las y los diputados federales, en la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria Sandoval Ballesteros ratificó la eliminación de los fideicomisos como una reforma necesaria para transparentar el uso de recursos públicos y someterlos a la estricta rendición de cuentas que reclaman los mexicanos.

Además, citó los resultados positivos de la actual administración en las reformas para transparentar compras y contrataciones públicas, sanciones y combate a la corrupción, y en la fiscalización al desempeño de los programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México, entre otros temas.

Refirió que, bajo la supervisión de la Función Pública, en responsabilidad compartida con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las compras consolidadas puestas en marcha por el gobierno del presidente López Obrador han generado ahorros por más de 80 mil millones de pesos, y subrayó, en específico, los ahorros en el sector donde superan los 18 mil millones de pesos en lo que a compras públicas se refiere.

Expuso, asimismo, las propuestas de la Función Pública para avanzar en una reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, “a fin de eliminar la simulación y la corrupción en las compras públicas, fortaleciendo su fiscalización y transparencia”.

En cuanto a la Plataforma Nacional Digital, expuso que “es una realidad gracias a la contribución y apoyo de los especialistas y técnicos de nuestra dependencia. La Función Pública fue la primera en interoperar con la plataforma, poniendo a disposición del Sistema Nacional Anticorrupción el contenido íntegro de tres de nuestras más importantes bases de datos: los registros de Servidores Públicos de la APF que participan en contrataciones públicas, de Servidores Públicos Sancionados y el Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a Procedimientos y Contratistas”.

Sin embargo, expuso que para que esta plataforma tenga éxito a nivel nacional y no sólo federal, se necesita que los entes públicos estatales y municipales cuenten con sistemas electrónicos propios para interoperar con la misma.

Por lo anterior, refirió que la Función Pública donará a todos los entes públicos del país ocho de sus sistemas electrónicos, lo que facilitará la implementación de la Plataforma Digital Nacional y, al mismo tiempo, generará un ahorro estimado de más de mil millones de pesos en total a las 32 entidades federativas.

En lo que se refiere a los alertadores de la corrupción, señaló que “estamos en camino de promover, con el apoyo de ustedes señores diputados, una Ley de Protección y Estímulo de los que dan el toque de alerta para evidenciar la corrupción”. “Sé que contaremos con su apoyo para construir un marco jurídico más eficaz en la protección de garantías laborales, políticas y cívicas, de nuestros valientes alertadores internos de la corrupción”, dijo a las y los diputados.

Sobre la fiscalización de los proyectos prioritarios del gobierno de México, señaló que se realiza el acompañamiento a través de testigos sociales y asesoría técnica y normativa. “Todo ha sido incluido en nuestras bitácoras de seguimiento a la Obra pública y se ve sometido a una exhaustiva revisión de nuestros auditores en obra pública y visitadores”.

“Además, estamos apoyando el desarrollo de los programas de bienestar, desde la reorganización de las delegaciones, hasta la implementación de programas como las becas Benito Juárez, donde constatamos que se otorgaron becas a 3.5 millones de alumnos y de escuelas públicas por medio 7.6 millones de apoyos por un monto erogado por 8 mil 922.6 millones de pesos”, expuso.

En cuanto a Austeridad Republicana, indicó que “liberamos 560 mil millones de pesos y sólo por recortes en los privilegios de la burocracia dorada. Además, redujimos los salarios de los altos funcionarios: 47.2% en el salario presidencial; 30% a los secretarios de Estado; 28% a Subsecretarios; 20% a Titulares de Unidades, y 12% a Directores Generales”.

Con respecto a la eliminación de las Direcciones Generales Adjuntas (DGA), que proliferaron en los sexenios anteriores, manifestó que este gobierno de México ahorrará 600 millones de pesos al año.