La comunidad de Pantepec, en Puebla, exige verdad y justicia en la desaparición del defensor del territorio Tomás Pérez Francisco, plagiado en 1990.

La última vez que Tomás Pérez Francisco fue visto con vida fue el 1 de mayo de 1990, cuando un grupo armado lo interceptó en su camino a las comunidades vecinas de Pantepec. Desde ese momento, se exige una respuesta activa por parte de las autoridades, que han revictimizado a los familiares y han cometido grandes omisiones en el proceso de búsqueda e investigación.

Su hijo, Guadalupe Pérez Rodríguez, continúa en la búsqueda de verdad y justicia en un caso marcado por la impunidad, el racismo y el borrado de los pueblos originarios en la historia mexicana. “El Estado tiene que asumir que toda la violencia se dio porque la permitieron. No la queremos pensar en abstracto”, sentenció.

Guadalupe Pérez ha recibido acompañamiento integral del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la Ibero Puebla, y de otros colectivos como el movimiento campesino Tutunakú de Pantepec y la Coordinadora Regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio (CORASON).

Desde el IDHIE, se envió un documento a las autoridades poblanas que reúne las exigencias por verdad y justicia para Tomás, y destaca los procesos deficientes y múltiples violencias que se han ejercido en el caso. El Lic. Roberto Rosete Guzmán, responsable de Orientación Jurídica y Psicosocial del Instituto, reiteró su solidaridad con la causa, y exhortó a las autoridades a que sus palabras y promesas se materialicen en acciones concretas, reales y efectivas.

El contexto en que se dio la desaparición de Tomás y los factores socioculturales que la rodean, son otras piezas fundamentales que las autoridades parecen no tomar en cuenta. Irma Pineda Santiago, poeta y activista de la lengua didxazá, afirmó que este hecho es una clara muestra del borrado histórico a las comunidades indígenas en México.

Para Pineda, es necesario incorporar la perspectiva de los pueblos originarios en las líneas de investigación de casos de desaparición de personas indígenas, pues “cuando una persona indígena es arrebatada de su comunidad, están rompiendo el tejido comunitario. Desaparecer a una persona de pueblos indígenas también implica desaparecer a las culturas y a los pueblos”.

Rubén Ortiz Rosas, consultor independiente, analizó el caso desde el enfoque de larga data. Ubicó la desaparición de Tomás en un momento de contrainsurgencia que persistía en México desde 1950, donde la desaparición forzada y la represión fueron prácticas fomentadas por el Estado ante la efervescencia política y social, por lo que, según el especialista, su papel en la investigación es crucial.

“Todo el caso se gesta en torno a una persona que exige tierra, y que es parte de una lucha que, para ese momento, tenía poco más de 80 años. También pasa un año antes de la aprobación de la reforma agraria, por lo que jamás les dieron nada. Fue un intento de silenciar la lucha”, explicó.

La labor de Tomás Pérez como defensor del territorio también debió ser una línea de investigación fundamental, como expuso Mauricio González González. Para el integrante de CORASON, es urgente incorporar un enfoque intercultural que a la vez sea cuidadoso con la comunidad, y que tenga en cuenta la vigencia de las luchas de las comunidades indígenas frente al despojo.

“Si bien la lucha por la tierra ha marcado muchas regiones del país, particularmente en la sierra Noroccidental de Puebla es muy fehaciente porque los rastros están legibles en dolores como el que padecemos con Tomás. Esa es una de las formas en las que pedimos que esta investigación sea considerada”. Los activistas dejaron claro que mientras no se tenga una resolución en el caso, Pantepec resiste.