A partir del decreto de extinción de los fideicomisos públicos, la Tesorería de la Federación (Tesofe) podría absorber recursos por 283 mil millones de pesos, de acuerdo con un análisis de HR Ratings.

Este monto es el saldo de los fideicomisos susceptibles a extinción, según se estableció en el decreto presidencial publicado del 2 de abril, el cual señala la reintegración de los fondos sin estructura orgánica y sin disposiciones legales.

La calificadora considera que la disminución de los fideicomisos puede tener un efecto negativo en las finanzas públicas frente a futuras contingencias.

Además, destacó que el uso de dichos recursos sólo podrá cubrir parcialmente el déficit estimado en los Pre-Criterios de 806 mil millones de pesos.

De los fideicomisos sin estructura orgánica, es decir, los que reservan recursos con fines específicos, los que no cuentan con disposiciones legales son los que podrían extinguirse con el decreto y representan el 38.3 por ciento del saldo total al cierre de 2019.

Se trata de fideicomisos que no cuentan con reglas de operación que comprometan sus recursos, por lo que pueden extinguirse sin reformas constitucionales, explicó la calificadora.

Entre los fideicomisos sin disposiciones legales sobresalen aquellos dedicados a la infraestructura, por un monto de 133 mil 761 millones de pesos.

De igual forma, existen recursos en fideicomisos de subsidios por 73 mil 922 millones de pesos y 69 mil 821 millones en fideicomisos de apoyos financieros, refirió HR.

Agregó que es posible que los activos de estos fideicomisos se utilicen para mitigar el impacto del Covid-19 en la economía.

La mayor parte de los fideicomisos sin estructura orgánica, el 61.7 por ciento de los recursos, cuentan con disposiciones legales o reglas de operación, por lo que no podrán integrarse a la Tesofe este 15 de abril, sin una modificación constitucional, explicó HR.

Este tipo de instrumentos suma recursos por 457 mil 13 millones de pesos a finales de 2019 y se conforma principalmente por fondos de estabilización presupuestaria y el fideicomiso del sistema de protección a la salud.