La Fiscalía General del Estado informó que integra las carpetas de investigación por la puesta a disposición efectuada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de un centenar de policías municipales y mandos de San Martín Texmelucan, ante señalamientos de usurpación de funciones.
El Ministerio Público tiene hasta 48 horas para resolver la situación jurídica de los presentados, y determinar por qué delitos tendrían que responder ante la autoridad judicial, informó en un comunicado. La dependencia resaltó que para garantizar los derechos humanos de los presentados, dispuso de diversas medidas, incluido un esquema en el que tuvieran acceso sus familiares.
Subrayó que los elementos, cuya situación está en orden y requisitada conforme a la ley, ya regresaron a sus actividades normales en el municipio y estarán bajo el mando del delegado de la Policía Estatal.
En el documento resalta que en San Martín Texmelucan, unos 500 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública llevan a cabo trabajos de inteligencia y vigilancia.
Por su parte, José Antonio Gali Fayad, gobernador de Puebla, reiteró que castigarán con todo el peso de la ley a los elementos y funcionarios que resulten involucrados en hechos ilícitos, tras asumir el mando de la seguridad pública en San Martín Texmelucan.
Enfatizó que su gobierno intervino de acuerdo con el decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado, que establece que el Ejecutivo del estado podrá asumir la competencia en la seguridad de los municipios, en caso de considerar algún asunto de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
La víspera, en un operativo que ejecutó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Sedena, las policías Federal y la Fiscalía General del Estado (FGE), encontraron vehículos con reporte de robo, utilizados para el trasiego de combustible en la comandancia del referido municipio.
Fueron trasladadas 185 personas al Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, a fin de verificar su estatus en el Sistema Nacional y aplicar las pruebas correspondientes, encontrando que más de un centenar fungía como policía sin contar los requisitos establecidos por la ley.