A través del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, el Gobierno de México fortalece su trabajo a favor de este sector de la población, frente a una dolorosa realidad que lastima a la sociedad y acaba con la estabilidad de muchas familias.

Dicho protocolo tiene el objetivo de orientar y facilitar la actuación del personal encargado de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, y garantizar su restitución mediante la prestación de servicios legales, médicos y de asistencia social.

Su observancia es obligatoria y será la base de la coordinación para las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada; además de guiar el trabajo de autoridades federales, locales y municipales, su personal del servicio público y, en general, para toda persona que intervenga en los procedimientos relacionados con la atención a niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

En la presentación del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, publicado el 4 de agosto pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), María del Rocío García Pérez, señaló que este instrumento normativo coadyuvará con la labor que realiza el organismo para atender a la niñez y la adolescencia que es víctima de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones.

Destacó la integración de otras herramientas, como el Protocolo de Atención Integral para Niñas, Niños y Adolescentes Víctimas de Delito y en Condiciones de Vulnerabilidad, que ha reforzado el actuar de las autoridades ante fenómenos que trastocan el bienestar de este sector.

Es indispensable, dijo, que las consecuencias del feminicidio deban ser atendidas con una perspectiva de derechos humanos, enfocada a su restitución y a favor de las víctimas indirectas, es decir, las hijas y los hijos que enfrentan situaciones de discriminación y desigualdad que complican, aún más, su desarrollo integral.

Al participar en el evento, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann, puntualizó que este protocolo nacional es muestra clara del compromiso por parte de las instituciones del gobierno por asumir las responsabilidades para garantizar los derechos humanos de quienes anteriormente habían sido lastimosamente olvidadas y olvidados, como es el caso de las niñas, niños y adolescentes en condición de orfandad por feminicidio.

“La articulación de acciones entre las dependencias y entidades federales, estatales y municipales es fundamental para la reparación integral del daño a esta población. En ese sentido, desde el Inmujeres celebramos que este instrumento reconozca el trabajo de las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, y en los municipios, considerándolas como instituciones involucradas directamente en la atención a esta población al ser partícipes de la política social local y de promoción a los derechos», apuntó.

La titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís Sámano, sostuvo que se ha ido aprendiendo y reconociendo las necesidades de las víctimas a partir de sus propias historias de vida y de la escucha. Por ello, este protocolo es en gran medida el resultado de los testimonios de las víctimas indirectas, eso lo hace más profundo y objetivo.

“Estoy convencida que este protocolo nacional expresa el sentir de la Cuarta Transformación de la vida pública en nuestro país, así como el compromiso y la sensibilidad de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador; también refleja la decisión por enarbolar las causas justas y nobles para nuestro país”, expresó.

En su oportunidad, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, Paulina Téllez Martínez, señaló que la justicia para niñas, niños y adolescentes es un tema que no debe quedar fuera de toda agenda política, ya que prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de la población infantil son pasos sustanciales en la deuda pendiente que tiene México como sociedad y gobierno.

“Entre las tareas que nos ha encomendado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siempre está la defensa de las personas más vulnerables, para lo que se requiere contemplar el contexto social. Estoy convencida que este protocolo nos permitirá conocer más allá de lo visible para quienes queremos ser hacedores de justicia”, expuso.

El procurador federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Oliver Castañeda Correa, detalló el contenido, alcance y objetivos del instrumento que, entre otros aspectos, contempla una ruta de atención a seguir para resguardar la integridad, los derechos y, en su caso, la restitución de los mismos en favor de la niñez y la adolescencia, así como apoyo para gastos funerarios.

Además, establece que Sistema Nacional DIF y sus homólogos locales y municipales, les brindarán albergue, alimentación, atención médica, psicológica, pedagógica, trabajo social, capacitación para superar sus pérdidas y duelos, así como para contribuir a prevenir futuras violencias en el entorno donde se desenvuelven.

Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib), Rafael Guerra Álvarez, apuntó que proteger las víctimas del delito es un acto de justicia, por lo que este protocolo nacional refrenda los votos en contra del feminicidio y las secuelas que genera en la vida de las víctimas.

“Estamos aquí para impulsar políticas públicas que humanicen, tanto la impartición de justicia como el servicio público y la vida social, y lo haremos integrando propuestas proactivas que garanticen que las mujeres y sus familias vivan una vida libre de violencia al evitar los factores que afianzan estas conductas contra ellas”, dijo.

En el acto participó la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, quien dijo que este protocolo nacional es una construcción colectiva realizada con la participación de diversos órganos de gobierno y organizaciones de la sociedad civil, con distintas voces que buscan prevenir los daños que provoca el feminicidio en la sociedad.

Enfatizó la importancia de proteger a las niñas, niños y adolescentes de este delito, quienes muchas veces fueron no sólo testigos, sino también víctimas del agresor y requieren atención, por lo que es obligación del Estado garantizar que recuperen el proyecto de vida que sus progenitores no les pueden proporcionar.

Al evento asistieron de manera virtual personas servidoras públicas del DIF Nacional, Inmujeres y Conavim, así como titulares de los sistemas estatales y municipales del DIF, y de las procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de todo el país.