Por primera vez, los diputados federales tendrán la oportunidad de reelegirse. Este proceso se verá marcado por la voluntad de las dirigencias partidistas, no de los votantes.

Las presentes campañas electorales ─las más grandes en la historia de México─ se verán marcadas por la paridad, el nacimiento de tres partidos, la emergencia sanitaria y la violencia política. A este panorama se suma la reelección legislativa, misma que llegó bajo la promesa de mantener un equilibro en los poderes, pero en su lugar ha consolidado un mecanismo de discrecionalidad desde las cúpulas partidistas.

El imaginario colectivo mexicano rechaza categóricamente la elección consecutiva, pues ha sido señalada como figura antidemocrática desde tiempos de la Revolución. Bajo la máxima “sufragio efectivo, no reelección” se ha abrazado la idea de que, para no permitir los excesos del pasado, es fundamental que los actores políticos cumplan un ciclo único de poder.

Fue en 1917 cuando el Partido Nacional Revolucionario (PNR) impidió de manera definitiva la reelección presidencial; posteriormente se extendió a los legisladores federales y 1930 la restricción ya era efectiva a nivel local. Aunque formalmente no ha habido procesos de reelección, sí han existido liderazgos políticos regionales que definen el caminar de los candidatos subsecuentes.

Como explicó la diputada Martha Tagle Martínez para la Comunidad IBERO Puebla, en 2014 se realizó una reforma política promovida por la Asamblea Nacional Ciudadana. Entre otras cosas, dicho mecanismo cambió el estatus del Instituto Federal Electoral (IFE) a uno nacional para contar con un organismo único encargado de todos los procesos electorales del país y para contrarrestar el poder de los cacicazgos.

Los fundamentos para la discusión de la reelección dentro de esta reforma tenían que ver con la profesionalización de las cámaras en materia parlamentaria, la continuidad de proyectos de mediano y largo plazo y el ejercicio de rendición de cuentas al término de cada legislatura. “Si bien no había elecciones consecutivas, sí teníamos un fenómeno de legisladores que iban de una cámara a otra; seguían siendo los mismos personajes”.

La funcionaria de Movimiento Ciudadano explicó que los partidos políticos han puesto condiciones específicas a su beneficio a las diferentes iniciativas ciudadanas aprobadas en el Congreso. Tal es el caso de las regulaciones dispares de candidatos independientes, los principios para la revocación de mandato y las consultas populares.

En cuanto a la elección consecutiva, esta depende en primera instancia de los partidos, no de la ciudadanía: son los líderes partidarios y los organismos parlamentarios quienes deben aprobar la reelección antes de que el funcionario aparezca en las boletas. Esto, señaló la diputada, obliga a que el legislador mantenga una buena relación con los líderes de su partido.

Bajo una normativa regulatoria adecuada, la reelección puede convertirse en el ejercicio de rendición de cuentas que exigió la asamblea ciudadana hace casi una década. Para ello, Tagle Martínez señaló la necesidad de discutir sobre la crisis de representación política: “ninguno de los partidos ha cumplido con las exigencias de la ciudadanía. Tendría que haber un ejercicio de análisis para ver qué están haciendo”.

Otra conversación pendiente gira en torno a la democratización de la vida interna de los partidos, asunto que se ve marcado por el cambio de colores por parte de actores de alto rango, así como el camino hacia el Congreso deseado donde se aborden las múltiples agendas de funcionarios y representados: “todos los temas que traemos están atorados. Por cómo están definidas las cosas, solo la Junta de Coordinación Política decide qué se discute”.

Martha Tagle insistió en que la idea de quienes promovieron la reelección no coincide con lo que se tiene actualmente, pues ha sido utilizado como un sistema de clientela electoral promovido por los partidos. A este mecanismo, agregó, deberían sumarse otros igualmente tergiversados como el parlamento abierto y los informes legislativos.

De igual manera, criticó las ventajas económicas y comunicacionales de los funcionarios con licencia con respecto a los candidatos de primera aspiración, fenómeno que ha tenido impactos en el quehacer legislativo de cara al final del periodo ordinario de la legislatura. “Veo un Congreso que ya tiene la mira en la siguiente legislatura, como si esta ya no existiera. Eso hace que el trabajo legislativo se postergue”.