Como parte de los trabajos realizados rumbo a una reforma al Poder Judicial y bajo el principio de Parlamento Abierto, se realizó en el Senado de la República el “Ciclo de Conferencias: Mecanismos alternativos de solución de controversias”, una serie de ponencias a distancia en la que expertas y expertos dialogaron sobre la construcción de un nuevo ordenamiento que dé certeza jurídica a estos mecanismos.

El senador Julio Ramón Menchaca Salazar, organizador del evento y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Alta, subrayó que la aportación de expertas y expertos en estas mesas de alto nivel, así como participación de la ciudadanía, ayudará a enriquecer el proyecto de reforma al Poder Judicial.

El legislador aseguró que el Senado de la República tiene un gran compromiso con la sociedad mexicana para brindarles las herramientas que les garanticen el acceso a la justica, generen una cultura de paz y restablezcan el tejido social.

En su ponencia, la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf, recordó que los mecanismos pacíficos de resolución de controversias implican la participación directa de las partes afectadas en la gestión de sus conflictos, lo que permite una mayor flexibilidad en el procedimiento, facilita los acuerdos de las partes y el cumplimiento de los mismos.

Consideró que el principal objetivo de la nueva legislación debe ser la homologación de principios, procedimientos y conceptos para su funcionamiento en todo el país.

Una Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, apuntó, debe ser un marco de referencia para la adecuada adopción y aplicación de éstos y su adopción ha de contribuir a la consolidación de un sistema mexicano de mediación y de la cultura de la paz.

Señaló que la construcción de un marco legal en la materia está en proceso. Denunció que su consolidación y homologación ha enfrentado inercias, intereses y protagonismos, los cuales han obstaculizado su desarrollo. No existe unidad de criterios o estándares mínimos aplicables a la formación y certificación de mediadores lo que dificulta que el país comparta un lenguaje común sobre estos mecanismos, indicó.

Ortiz Ahlf dijo que la legislación que finalmente sea aprobada, tendrá que establecer los principios y las bases de estos mecanismos entre los tres órdenes de gobierno, definir sus modalidades, instaurar criterios básicos de organización en los centros que se realicen y las competencias de los profesionales que a ello se dediquen, así como construir una política de difusión para que toda la ciudadanía conozca estas alternativas.

En su oportunidad, Luis Hernández Palacios Mirón, procurador Agrario, dijo que es necesario ampliar los medios alternativos para la solución de controversias de los conflictos agrarios, ya que sólo de este modo se puede garantizar la sana convivencia y la paz social.

En este sentido, destacó que la conciliación es una herramienta fundamental que privilegia el diálogo, la tolerancia, el respeto, la solidaridad y además permite que las personas puedan afrontar de manera positiva sus conflictos.

Hernández Palacios explicó que la mediación de conflictos también puede funcionar como un mecanismo que impulsa el crecimiento y desarrollo de las comunidades, “pero en ningún momento se dejan de observar las reglas del debido proceso”.

Aunado a ello, aseguró que todas las reformas jurídicas deben acompañarse de una política social que garanticen claridad y ausencia de formalismos, para que a través de la equidad y del diálogo puedan establecer la dirección y tutela del Estado en las controversias.

En su participación, Ana Elena Fierro Ferráez, profesora investigadora y coordinadora de la Maestría en Administración y Políticas Públicas del CIDE, afirmó que los mecanismos alternativos fortalecen la democracia, pues son las personas quienes se sientan a dialogar, con un facilitador, para encontrar soluciones en conjunto.

Pidió analizar la posibilidad de que se puedan conciliar algunas cuestiones administrativas, es decir, que se apliquen estos mecanismos a conflictos entre una autoridad y un particular. En ese sentido, informó que algunos tribunales ya han incorporado estos mecanismos para temas administrativos y contractuales como licitaciones, solicitudes de permisos y licencias, multas, entre otros.

En cuanto al tema de la certificación, dijo que se debe establecer un mecanismo que realmente garantice calidad. Para esto, propuso utilizar las instituciones con las que cuenta el Estado como el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, el cual podría ayudar a evaluar los perfiles objetivamente.

Asimismo, dijo que antes de implementar la Ley debe hacerse un análisis de impacto regulatorio, pensando en cuánto va a costar, cuántos casos llegarán y de qué tipo, cuántos conciliadores necesitan y cómo los van a capacitar. También, indicó la académica, en caso de que prospere la jurisdicción, ésta tendrá que aplicarse gradualmente, ya que implica costos y cambios importantes en las rutinas burocráticas.

Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la impartición de justicia a nivel federal y en los estados está colapsada y en crisis por una excesiva acumulación de juicios.

Explicó que no hay ningún ramo de la impartición de justicia que no presente el problema de excesivo congestionamiento, además de que se ven afectados por pocos recursos, capacidades procedimentales, demasiados tiempos de espera y argucias de los litigantes que hacen que la justicia se vaya convirtiendo en algo interminable.

Refirió que el 40 por ciento de todos los juicios federales y estatales son del orden familiar, 30 por ciento de área civil y el resto de otras competencias. Esta cifra, comentó, nos llevó a asumir que la justicia del país está en crisis por conflictos litigiosos entre familiares, ex amigos, vecinos y ex socios.

El catedrático indicó que esto también significa que el tejido social en el país está fracturado y además “tenemos una sociedad enfrentada litigiosamente”. Por ello, celebró que el Congreso de la Unión analice la iniciativa de mecanismos alternativos de solución de controversias, pues este ordenamiento ayudará a tener una justicia pronta y completa.