Las niñas, niños y adolescentes, que son hijos de personas que se encuentran privadas de su libertad en un Centro de Readaptación Social, atraviesan por un estado de vulnerabilidad, ya que son ignorados, maltratados y victimizados por la sociedad, aseguró la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, del PT.

Este sector infantil, indicó, puede considerarse como invisible; por tal motivo, la legisladora propuso reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal.

A través de esta iniciativa, Bañuelos de la Torre busca impulsar mecanismos jurídico-legales para garantizarles todos sus derechos a los infantes, cuyo padre o madre se encuentra privado de la libertad.

La propuesta plantea que este sector de la población reciba servicios de salud y acompañamiento psicológico, a fin de garantizar su desarrollo, bienestar y el pleno ejercicio de sus derechos.

Es necesario dotarlos de un acompañamiento psicológico que les ayude a garantizar su bienestar, ante una situación que conlleva el distanciamiento y múltiples cambios derivados de la situación por la que atraviesan su padre o madre, manifestó la senadora.

Las niñas, niños y adolescentes, agregó, pueden padecer algunos impactos físicos y emocionales relacionados con la separación y otros aspectos del encarcelamiento parental, también existen dificultades económicas, así como problemas en la escuela, tanto para el aprendizaje, como para la forma de relacionarse con sus compañeras y compañeros.

Se trata de un problema que en México se ha minimizado e incluso ignorado, aun cuando es el Estado quien tiene la obligación de garantizarles sus derechos humanos a los menores, así como de proveer de las condiciones jurídicas y materiales para que puedan gozar de manera efectiva de sus garantías.

En este sentido, la iniciativa publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente, también busca obligar a las personas privadas de su libertad a que brinden información acerca de los datos de sus hijas e hijos menores de edad, de los cuales tengan la guardia y custodia, a efecto de brindarles servicios de atención y seguimiento.

También plantea que el titular de los centros penitenciarios deberá recibir y salvaguardar la información relativa a los menores y comunicarla a las autoridades correspondientes.

Las niñas, niños y adolescentes con un padre o madre en reclusión son inocentes, ellos no han cometido ningún delito, ni deben ser castigados o sufrir de algún tipo de violencia en el hogar, escuela, comunidad o dentro del mismo sistema penitenciario, concluyó la senadora.

Foto: Senado