El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, garantiza la transparencia y rendición de cuentas de todas sus acciones, incluida -de manera especial- la atención que se brinda a la población migrante albergada en sus estaciones migratorias.

El instituto está comprometido con la colaboración con diversas instancias defensoras y protectoras de los derechos humanos, como factor elemental en la tarea migratoria, sobre todo ante quienes representan y procuran la promoción de los derechos de las personas migrantes, ya que sus observaciones enriquecen la labor de esta autoridad.

Es por ello que, del 1 de enero al 15 de octubre pasado se registraron accesos autorizados a diferentes estaciones migratorias y estancias provisionales a favor de 4 mil 901 representantes de asociaciones civiles, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, tales como el Instituto Federal de la Defensoría Pública y del Comité Internacional de la Cruz Roja; así como de personas académicas.

De las 4 mil 901 visitas, 3 mil 24 corresponden a integrantes de organismos internacionales; mil 87 a representantes de autoridades competentes de los derechos humanos; 568 a autoridades consulares y de distintas comisiones de atención a víctimas, de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales, así como de servicios de salud y de comisarías locales de seguridad pública.

Además, se contabilizan 217 visitas de asociaciones civiles, y cinco a personas de instituciones académicas. El procedimiento de ingreso cumple con los lineamientos establecidos para el acceso a las estaciones migratorias y estancias provisionales, donde se requiere el registro de asistentes y entidades, quienes deben solicitar de manera previa la entrada a dichas instalaciones.

Es así como el INM coincide con el exhorto emitido por el pleno de la Cámara de Senadores el 28 de octubre pasado, a fin de que, en el marco de la ley y reglamento en la materia, se mantenga el acceso a representantes de asociaciones religiosas y de organizaciones civiles a estaciones migratorias y estancias provisionales de la dependencia en el país.

De igual forma, el INM refrenda una política migratoria, sustentada en la salvaguarda y el respeto irrestricto de los derechos humanos de las personas nacionales y extranjeras que ingresan, transitan y salen del país, así como de un trabajo coordinado con todas las instituciones defensoras de los derechos humanos, sean civiles, religiosas o gubernamentales.

El Instituto Nacional de Migración mantiene el compromiso para garantizar la transparencia, así como su colaboración con las asociaciones y agrupaciones religiosas o de la sociedad civil, para brindar una mejor atención a la población migrante.