La reciente sustracción y exposición ilegal de datos personales de cientos de periodistas desde la Presidencia de la República “genera una genuina preocupación sobre la seguridad cibernética” del gobierno federal, así lo consideró el Grupo Integral de Derechos Humanos (GIDH) «Lex-magister».

Jesús Rey Fierro Hernández, quien preside el GIDH, afirmó que las autoridades gubernamentales dejan mucho que desear sobre el tema de la seguridad en el contexto de “un país considerado entre los más peligrosos del mundo para los periodistas”.

“Es urgente proteger a los más de 320 periodistas que se vieron afectados por esta filtración; por lo que es apremiante una investigación inmediata sobre este incidente, ya que una serie de datos, entre ellos, nombres completos, código CURP, copias de pasaportes y tarjetas de identificación; así como sus domicilios, han sido expuestos”, resaltó.

Fierro Hernández, reconocido como el Premio Nacional de Derechos Humanos 2017, criticó a las autoridades federales ya que, “la información vulnerada debería ser confidencial y resguardada por la oficina de prensa presidencial; así como los sistemas de seguridad nacional propias del resguardo de Palacio Nacional, sede del poder Ejecutivo”.

El defensor del pueblo resaltó que, aunado a esta vulneración de los datos personales de los comunicadores, se suma una acción violenta en contra de los periodistas, que, va más allá de la agresión individual, teniendo un triple efecto devastador. Desde vulnerar los derechos fundamentales de las víctimas hasta generar un clima de amedrentamiento en la profesión desde el púlpito presidencial”.

“La acción u omisión viola los derechos de los comunicadores, de la sociedad y de la información. La falta de diligencia en la investigación agrava aún más la situación, creando una barrera adicional para el acceso a la justicia”, expuso.

El abogado litigante recordó que la seguridad de los periodistas no es solo una necesidad, sino una obligación estatal; “resumida en las tres «P» – prevenir, proteger y procurar justicia – esta responsabilidad demanda acciones concretas por parte de los gobiernos. Desde un discurso público que respalde la labor periodística hasta la penalización de la violencia, los Estados deben actuar de manera proactiva”.

Fierro Hernández agregó que la prevención es clave para abordar las causas profundas de la violencia contra periodistas. “Desde un discurso gubernamental que no exponga a los periodistas, hasta capacitar a las fuerzas de seguridad en el respeto a la libertad de expresión, por ello urgen medidas preventivas integrales.

“Proteger la información solicitada con antelación para acceder a las conferencias presidenciales, obliga a las autoridades presidenciales a resguardar la información para evitar casos como estos; lamentablemente hoy, son vulnerables no sólo los comunicadores, también sus familias”.

Jesús Rey recordó que México es considerado el país más mortífero para el ejercicio periodístico profesional fuera de zonas de guerra. Por lo menos, 163 periodistas han sido asesinados en el país desde el año 2000; durante 2023, un total de 45 periodistas fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones.