La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció la estrategia que emprendió el gobierno federal para liberar a presos que han sido privados de su libertad de manera injusta, por lo que a la fecha han salido de prisión 16 personas y se encuentran en revisión 368 casos.

Para ello, dijo que se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia, integrada por dos direcciones generales: una para el fortalecimiento de los sistemas de justicia de los estados, y la otra se encargará de revisar los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente.

Sánchez Cordero detalló que «en todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación prácticamente ilegal de la libertad de muchos de esos que están en este momento en las prisiones del país».

En conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, precisó que «cada caso es particular y diferente, no podemos generalizar ahorita», y agregó que esta mesa para analizar cada situación se prevé conservarla durante toda la administración.

Sobre la ley de amnistía indicó: «Tenemos que detectar los universos de personas a los cuales va a ir dirigida; una ley de amnistía pasa por el Congreso federal, lo que estamos haciendo es revisar caso por caso en esta mesa de reconciliación y justicia, así la hemos llamado en la Secretaría de Gobernación».

Expuso que en este momento «no es una ley sino la revisión particular de los casos, pero cuando tengamos el universo de personas a los cuales puede ir dirigida una ley de amnistía, le vamos a presentar al Presidente de la República nuestra propuesta».

En la conferencia matutina, el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de la Segob, Alejandro Encinas, se refirió a los desplazados por casos de represión en Chiapas, en especial en los municipios de Chenalhó y Aldama, y manifestó que se está atendiendo la situación que está viviendo.

Recordó que se instaló la mesa de seguimiento a los problemas de desplazamiento forzado que se deriva de la ley que existe en el estado de Chiapas.