El Gobierno estadounidense ha separado a 81 niños migrantes de sus padres en la frontera con México desde junio, a pesar de que emitió en una orden ejecutiva cesando la práctica y un fallo similar emitido por un juez, según datos oficiales difundidos por las autoridades.

Dependencias de Gobierno mantienen la facultad de separar a un niño de sus padres en casos específicos, alegando motivos como el peligro del bienestar o la salud del niño o si el padre tiene antecedentes penales.

Tales excepciones ya existían incluso antes de la política de tolerancia cero aplicada por el Gobierno de Donald Trump.

El Gobierno decide cuándo un caso amerita dicha excepción, pero preocupa a los activistas a favor de la inmigración, quienes temen que muchos padres migrantes están siendo etiquetados falsamente como delincuentes.

Desde el 21 de junio (día posterior a la orden ejecutiva firmada por el Mandatario estadounidense) hasta el 4 de diciembre, 76 adultos fueron separados de sus hijos, según los reportes.

De ellos, 51 fueron procesados penalmente: 31 tenían antecedentes penales y 20 por otras razones no especificadas.

Nueve fueron hospitalizados, 10 estaban vinculados con pandillas y cuatro tenían órdenes de extradición, mientras que dos habían incurrido en infracciones migratorias y tenían pendientes órdenes de deportación.

«El bienestar de los menores de edad en nuestra custodia es la máxima prioridad», indicó Katie Waldman, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa las labores de inmigración.

«Como hemos dicho antes y como demuestran las cifras, las separaciones familiares son excepciones. Si bien hubo una breve alza durante el periodo de tolerancia cero, debido al aumento de detenciones de adultos, la cifra ha regresado a su nivel anterior», añadió la funcionaria.

Durante el punto máximo de la aplicación de la política calificada de tolerancia cero en el verano, más de 2 mil 400 niños fueron separados de sus padres.

La práctica desató la crítica a nivel mundial por parte de grupos religiosos, políticos y humanitarios, mismos que la calificaron de cruel e inhumana al difundirse imágenes de niños llorando y de padres angustiados en diarios y la televisión.

Un juez federal a cargo de una demanda entablada por una madre que había sido separada de su hijo prohibió que las separaciones continuaran y ordenó al Gobierno reunificar a las familias.

Sin embargo, el juez Dana Sabraw permitió que se mantuvieran las excepciones según cada caso individual y autorizó demandas contra nuevas separaciones si el caso lo amerita.

El abogado Lee Gelernt, de la Unión Americana para las Libertades Civiles (ACLU), señaló que espera que el juez ordene la notificación sobre nuevas separaciones, porque actualmente no se les está avisando y por lo tanto es imposible introducir demandas en contra.

«Estamos muy preocupados por la posibilidad de que el Gobierno esté separando a familias a raíz de denuncias vagas de antecedentes penales», expresó Gelernt.

De acuerdo con datos oficiales, desde el 19 de abril hasta el 30 de septiembre, 170 unidades familiares fueron separadas porque se determinó que no había parentesco entre sus miembros.

Lo anterior afectó a 197 adultos y 139 menores, casos en los que se podía incluir también abuelos u otros familiares en casos donde no había prueba de un parentesco.

Muchos de los que huyen de la pobreza y violencia en su lugar de origen no cuentan con la documentación necesaria debido a la premura de su salida.

Otras separaciones se implementaron porque los hijos no eran menores de edad.

En el año fiscal 2017, que comenzó en octubre de 2016 y terminó en septiembre de 2017, mil 65 unidades familiares fueron divididas, lo que usualmente abarca un niño y un padre: 46 por fraude y mil 19 por razones médicas o de seguridad, según los datos.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional señaló que las cifras muestran de manera inequívoca que los contrabandistas, los traficantes de personas y los delincuentes están usando a cientos de menores para aprovecharse de nuestras leyes migratorias e infiltrarse en territorio estadounidense.

En semanas recientes, miles de migrantes centroamericanos se han aglutinado en caravanas tratando de atravesar México y llegar a la frontera estadounidense.

El Mandatario estadounidense ha usado sus poderes de seguridad nacional para imponer normas que niegan el asilo a todo el que haya cruzado la frontera ilegalmente, pero un juez ha ordenado suspender esa política mientras los tribunales estudian una demanda sobre el tema.

La política de tolerancia cero fue aplicada como manera de inhibir los cruces ilegales fronterizos, en tanto el Gobierno de Trump asegura que el auge de familias centroamericanas que están llegando a los puestos fronterizos está mermando los recursos del país.

Con información de AP