Ante la reciente aprobación del Senado del dictamen que reforma la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, las autoridades tienen la obligación de generar el presupuesto necesario para que la instancia encargada de recabar la información cumpla con su diligencia, a través de la adquisición de tecnología adecuada para resguardar datos sensibles y de carácter personal, aseguró Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).

“Se le debe garantizar a los mexicanos que no habrá impunidad en el trato de su información biométrica, que estará bien resguardada y que se utilizará para los efectos que se establecen en el decreto aprobado”, dijo.

El padrón de telefonía móvil, detalló, debe disponer de la infraestructura y la tecnología necesaria en la creación, operación, resguardo y actualización constante de bases de datos, por lo que se debe dotar de presupuesto a la instancia que se vaya a hacer cargo. Además, la reforma debe contemplar el respeto a los Derechos Humanos y protocolos precisos para obtener los datos de usuarios y compradores de chips telefónicos, a fin de brindar un estado de derecho y una certeza jurídica a la ciudadanía.

Por su parte, añadió, será obligación de los ciudadanos reportar el robo de un celular, si se diera el caso, para prevenir el mal uso que se pueda hacer de su identidad. En ese caso, las autoridades deben de garantizar la debida integración de la carpeta de investigación, ya que actualmente “nos invade una cifra muy alta de impunidad y los mexicanos hemos dejado de creer en nuestras instituciones en materia de procuración de justicia”, expresó.

El presidente del CNSP agregó que debido a que las estadísticas de extorsión en el país van en aumento y los teléfonos móviles son una de las herramientas más utilizadas por extorsionadores y secuestradores, contar con esa base de datos es necesario, sin embargo, para cumplir con su objetivo, las autoridades deben adaptar todos los protocolos de seguridad que garanticen la inviolabilidad de los sistemas biométricos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), uno de cada cinco delitos cometidos en el país fueron extorsiones, lo que genera a la delincuencia más de 12 mil millones de pesos en ganancias, de allí la importancia de la aprobación de las reformas a la Ley, dijo.

“Si bien es cierto que ya hubo un antecedente en 1995 con la entrada en vigor de la Ley Federal en Telecomunicaciones y en 2009 con la creación del Registro Nacional de Usuarios en Telefonía (RENAUT), desafortunadamente en 2012 se tuvo que hacer una reforma para proteger las bases de datos obtenidas de los compradores de teléfonos y chips, a los cuales se les pedía CURP e identificación oficial. Esa información acabó en el mercado negro y sirviendo para otros fines; sin embargo, al impactar la extorsión hasta en 1.5% del PIB, la regulación de la venta y compra de chips en telefonía celular es de vital importancia para erradicar este tipo acciones delictivas” enfatizó Raúl Sapién.

Un número importante de llamadas para llevar a cabo actos de extorsión son realizadas desde el interior de los penales, y es necesaria la regulación para acabar también con otros delitos como el secuestro, el robo a camiones de carga y pasaje en carreteras federales por mencionar algunos.

Una problemática ya de gran escala, pues de acuerdo a la Asociación México Evalúa, se estima que la extorsión le cuesta a los mexicanos, 6,468 pesos por ciudadano.

“Para erradicar la extorsión tanto a empresarios como a la ciudadanía en general, es necesario tener en cuenta que un delincuente puede utilizar hasta diez chips diferentes para acosar y extorsionar a una sola víctima. Lo mismo sucede con los casos de secuestro, en donde se utilizan de 15 a 18 chips diferentes para coaccionar a las personas a pagar el rescate por alguno de sus seres queridos”, aseguró el presidente del CNSP.

“El uso de redes sociales sin protocolos digitales de seguridad, han hecho que los extorsionadores puedan tener información precisa de los lugares que visita de manera frecuente una víctima, ya sea para comer, reunirse con familiares, e incluso les da una lectura amplia del nivel de vida que llevan, pues a través de fotografías pueden saber a qué partes ha viajado, dejándoles en un estado de vulnerabilidad”.

Por otra parte, cuando se trata de personas morales, la incidencia delictiva confirma que las pequeñas y medianas empresas son más afectadas por este fenómeno, siendo Veracruz, el puerto de Acapulco, el Estado de México y la Ciudad de México donde se encuentran los índices más altos de extorsión en el país.