El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, anunció un apoyo económico por dos mil 309 millones de pesos, otorgados por el gobierno federal a ocho universidades públicas con situaciones financieras difíciles, a fin de que den cumplimiento a sus compromisos.

El funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) advirtió a las universidades de los estados de Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Michoacán, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Tabasco que “no habrá más rescates”, por lo que tendrán un año para ser autosuficientes en materia financiera.

En conferencia de prensa, expuso que en total, el problema financiero de las 34 universidades públicas del país es superior a los 19 mil 209 millones de pesos, y refirió que los centros de estudios se comprometieron a un plan de austeridad, que incluye que los salarios de sus rectores serán menores al del presidente de la República.

Concheiro Bórquez reconoció que el apoyo financiero otorgado a las citadas universidades públicas no resuelve el problema de crisis, y dejó claro que sólo fue un impulso para que cada una inicie un plan de reestructuración presupuestal de acuerdo a sus posibilidades y necesidades.

Además de las universidades de los estados mencionados, la de Chiapas también se encuentra en situación de crisis, sin embargo, para finalizar el año 2018, recibió recursos estatales.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), después de operar durante muchos años en condiciones de déficit presupuestal, las citadas casas de estudios llegaron a un punto de insolvencia económica provocado, entre otros factores, por el desbalance entre el crecimiento del subsidio y el de la matrícula.

Ello toda vez que mientras la matrícula de estas ocho universidades aumentó 39.1 por ciento, en lo últimos 10 años, el subsidio federal ordinario y extraordinario recibido sólo lo hizo en 9.8 por ciento en términos reales.

A ello se suma la plantilla no reconocida de personal académico y administrativo, las prestaciones convenidas con los sindicatos, no contempladas en el modelo de financiamiento SEP-Secretaría de Hacienda.

Así como la insuficiencia financiera para atender las obligaciones de los sistemas de pensiones y jubilaciones del personal académico y administrativo.

En varios casos, agregó, esta situación se agravó debido al incumplimiento de los compromisos contraídos en los convenios de apoyo financiero por parte de los gobiernos estatales.