Con la finalidad de promover el respeto y garantizar los derechos humanos, el gobierno de la República impulsó la difusión del contenido de la Reforma Constitucional en la materia y la capacitación de los servidores públicos sobre los principios establecidos en ésta.

En el sexto y último Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto refirió que del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, se capacitó a cinco mil 558 servidores públicos sobre sus obligaciones constitucionales en materia de derechos humanos.

Ello a fin de que conozcan y apliquen estos principios al realizar sus funciones, con lo que se logró rebasar el número de servidores públicos capacitados.

Además, con el compromiso de erradicar la violencia contra las mujeres, el Gobierno de la República en coordinación con los gobiernos estatales, organismos internacionales y sociedad civil, impulsaron la creación y fortalecimiento de la Red de Centros de Justicia para las Mujeres.

Detalla que a junio de 2018 operan 40 centros en 27 entidades federativas, las cuales adecuaron sus ordenamientos jurídicos con el marco normativo internacional (Belém do Pará y CEDAW), para reconocer los derechos humanos en esta materia.

Al mismo tiempo, se llevaron a cabo campañas de difusión en medios de comunicación (radio y televisión), folletos, trípticos, entre otros en temáticas de igualdad de género y eliminación de la violencia contra las mujeres.

En apego al compromiso institucional con los derechos humanos, el Gobierno de la República a través de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, impulsó la coordinación para el diseño e implementación de políticas y programas en esta materia.

A partir de la instalación y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, los Sistemas Locales y Municipales de Protección, así como de las nueve comisiones permanentes de ese organismo, se implementaron acciones sobre políticas públicas para atender problemáticas que impiden a niñas, niños y adolescentes ejercer sus derechos en entornos seguros, sin discriminación, con la posibilidad de participar y atender a su interés superior.

El documento detalla que el gobierno federal avanzó en el fortalecimiento de la obligación de igualdad y no discriminación, como es la formación y capacitación de servidores públicos en materia antidiscriminatoria y el reconocimiento al derecho del cónyuge varón a la pensión por viudez.