El legislador refirió que las reformas al poder judicial, dejarán huella en este y en próximos sexenios, logrando legalidad, imparcialidad y correcto funcionamiento de las áreas dedicadas a la impartición de justicia

Tras aprobarse en el Congreso del Estado, reformas al Poder Judicial, el presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia del legislativo, Eduardo Castillo López, subrayó que esta iniciativa aspira a romper el círculo vicioso que se ha instalado en las judicaturas nacionales.

“Este círculo vicioso consistía en utilizar los instrumentos de gobierno judicial para comprometer la imparcialidad y la libertad de criterio de los juzgadores, como se expresa en esta iniciativa, y por ello no queremos más que los jueces y magistrados sean rehenes de quien da y de quien quita”, subrayó.

El también diputado por el distrito 23 de Acatlán de Osorio, refirió que en el marco de esta reforma se consideran varios avances:

• Se plantea crear la sala constitucional

• Se racionaliza el poder disciplinario del consejo de la judicatura, como una reforma estructural a la composición y sus facultades, así como la especificación del procedimiento de nombramientos de sus integrantes.

• Se contará con una Escuela Estatal de Formación Judicial dotada de autonomía técnica y de gestión.

• Se crearán las salas colegiadas especializadas, las cuales conocerán y resolverán las controversias de trabajo, de competencia estatal que se suscribe entre trabajadores, patrones y sindicatos.

• El tribunal superior de justicia se consolidará como corte de legalidad, al mismo tiempo se le adscribe el centro de justicia alternativo.

De la mano con estos avances, se aprobó la creación de otros mecanismos de rendición para los servidores públicos del poder judicial del estado, como declaraciones públicas de parentesco, así como procedimientos específicos de responsabilidad por falta grave, aunado a que se advierte que ya existirá regulación en los procedimientos de nombramientos y tiempo en el cargo de los magistrados.

Esta iniciativa que fue aprobada por unanimidad, primero en las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales y procuración y administración de justicia; y este jueves, avalada por la LXI Legislatura, es una reforma que busca solventar necesidades jurídicas de la ley y, poder subsanar cualquier laguna que pueda existir en la normatividad.