La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Verónica Juárez Piña, consideró como grave la pretensión de algunos diputados de Morena de reformar la Ley de Amparo para impedir al Poder Judicial proteger a la ciudadanía cuando sea objeto de actos autoritarios, por lo que demandó votarla en contra o, mejor aún, retirarla del proceso legislativo.

“Morena, el gobierno y sus aliados pretenden eliminar el derecho de los ciudadanos a solicitar amparo mediante una reforma a la ley respectiva, lo que en realidad es un retorcimiento a la misma para dejarlos en desamparo y, a final de cuenta, un perjuicio contra la sociedad», externó en declaraciones a la prensa, de carácter presencial.

“Es otra muestra de la intención del actual Gobierno y sus partidos aliados de retorcer la ley para ajustarla a los caprichos del Presidente de la República», agregó.

Por otra parte, cuestionó la determinación de la Sección Instructora de hacer públicos los ofrecimientos de pruebas testimoniales sobre el caso de la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, toda vez que se tratará de “un linchamiento mediático con fines electorales”.

La legisladora indicó que la Sección Instructora se debe apegar a lo que dictan la norma y los procedimientos relativos a los casos de solicitud de desafuero, toda vez que “es un proceso en el que sólo las dos partes involucradas deben conocer el expediente”.

Apuntó que hacer públicos, de manera telemática, los testimoniales que ofrecerán la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República se violenta el debido proceso y la secrecía que debe existir.

“Se trata de un asunto que se quiere aprovechar en el marco del proceso electoral. Sin lugar a dudas, es un linchamiento mediático”, externó.

Asimismo, se pronunció por que la Junta de Coordinación Política y las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados transparenten sus procesos, procedimientos y reuniones.

En otro tema, anunció que el PRD presentará una solicitud de juicio político en la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez; de la fiscal general del estado, Verónica Hernández, y de la juez Alejandra Pliego, por la presunta violación de derechos humanos de Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno de Veracruz en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, al dictársele prisión preventiva oficiosa.