La Cámara de Diputados aprobó por consenso, en lo general y particular, con 351 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el dictamen que establece sanciones administrativas graves a los servidores públicos que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, realicen actos de hostigamiento y acoso sexual.

Con la adición de la fracción XIV al artículo 7 y de los artículos 64 Ter y 64 Quater a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se establece la obligación para los servidores públicos de promover, respetar, proteger y garantizar el acceso a todas las mujeres a una vida libre de violencia.

Lo anterior, de conformidad con la Constitución, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y los Tratados Internacionales en la materia de los que México sea parte.

En el documento, enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, se determina la responsabilidad administrativa del servidor público que dilate, obstaculice o impida de manera injustificada la implementación de la alerta de violencia de género, en términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Atender urgentemente esta problemática

En la fundamentación del dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la diputada Beatriz Rojas Martínez (Morena) señaló que el documento hace evidente la necesidad de atender urgentemente la problemática sobre la violencia de género contra las mujeres. Las reformas, aseguró, responden a un panorama de violencia de género que alcanza a las instituciones públicas.

Mencionó que de acuerdo con la Secretaría de la Función Pública, el 48 por ciento de los presuntos culpables se encuentran laborando actualmente; hay carpetas abiertas contra 358 funcionarios públicos.

El Estado –expuso– tiene el reto de reforzar su estrategia de seguridad pública, así como enfrentar los altos niveles de inseguridad y violencia que afectan a las mujeres y niñas, en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política y en cumplimiento a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Intervención de promoventes

La diputada María Ester Alonzo Morales (PRI) afirmó que el dictamen responde a las demandas de la sociedad contra el acoso y hostigamiento sexual a las mujeres; en México, cuatro de cada 10 mujeres son víctimas de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación; en lo que va de 2020 hay más de dos mil 500 carpetas de investigación por violencia de género, 24 mil por abuso sexual, 4 mil 500 por acoso y mil 500 por hostigamiento.

Por Morena, la diputada María Bertha Espinoza Segura mencionó que estas conductas impactan en el desempeño profesional de las mujeres y violentan sus derechos. Son insuficientes los mecanismos para inhibir acciones misóginas; por ello, hay que evitar que los servidores públicos hostiguen o acosen porque serían responsables de faltas administrativas graves, aseveró.

Información pública en lenguaje sencillo y en idiomas originarios

También por consenso y 344 votos a favor, se aprobaron en lo general y particular, reformas para que los sujetos obligados garanticen que la información que generen tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona y sea traducida a idiomas originarios.

Para tal fin, la Cámara de Diputados modificó los artículos 15 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el precepto 13 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con lo cual se armonizan ambos ordenamientos. El dictamen se remitió al Senado para sus efectos constitucionales.

Al fundamentarlo, el diputado José Luis Montalvo Luna (PT), secretario de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, sostuvo que estos cambios son impostergables y necesarios para cumplir cabalmente con la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, mediante información oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral.

“Se debe garantizar, en todo momento, que la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos tenga un lenguaje sencillo para cualquier persona, sea accesible y se traduzca a lenguas indígenas”, apuntó.

La diputada de MC, Julieta Macías Rábago, promovente de la iniciativa, afirmó que es indispensable alentar reformas jurídicas para que las poblaciones marginadas sean reconocidas como sujetas de derecho, mediante su acceso a la información pública en condiciones de equidad. Se legisla con visión de la Agenda 2030 para reducir las desigualdades, señaló.

Previamente, Miguel, intérprete en lenguaje de señas, emitió un mensaje en el Pleno de la Cámara de Diputados.

La Auditoría Superior de la Federación tendrá Buzón Digital

Con 305 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se avaló por consenso el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, para establecer los lineamientos de los procesos electrónicos.

Por medio de estos procesos, las entidades fiscalizadas podrán entregar informes individuales, órdenes de auditorías y solicitudes de información a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de la creación del Buzón Digital.

En la fundamentación del dictamen, enviado al Senado de la República para efectos constitucionales, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, diputado Óscar González Yáñez (PT), dijo que hoy se dota de un instrumento digital de avanzada tecnología para que no haya pretexto ante una auditoría.

Muchas entidades, con el tema de la pandemia, “se escondían para ser auditadas; hoy nadie estará fuera y se acaba con la ausencia de transparencia”, dijo.

El presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo (MC), aplaudió la reforma, ya que debido a la emergencia sanitaria hubo entidades que presentaron rezagos en sus auditorías, pero con el buzón habrá mejores resultados y hará de la fiscalización una herramienta esencial contra la corrupción.

Al fijar sus posturas, Josefina Salazar Báez (PAN) consideró que el avance que se dará con la aprobación de esta reforma será fundamental, pues permitirá a la ASF garantizar la realización de su importante labor de fiscalización de manera sostenida, aún en caso de que se presenten contingencias como la que actualmente atravesamos.

El diputado Manuel Gómez Ventura (Morena) señaló que la reforma busca contribuir con todas las instituciones fiscalizadas por la Auditoría Superior de la Federación en el cumplimiento de la rendición de cuentas, a fin de darle certeza al buen uso de los recursos presupuestados y aprobados por el Poder Legislativo.

Éctor Jaime Ramírez Barba, diputado del PAN, destacó que es un paso correcto en la rendición de cuentas hacia la sociedad, puesto que permitirá a más gente acercarse a la ASF desde la comodidad de los medios digitales y que las auditorías se realicen de manera oportuna sin que las entidades fiscalizadas puedan ocultarse o posponer la entrega de su información.