Durante el proceso de discusión en lo particular, del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2022, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena resaltaron que es histórico el gasto social para programas del bienestar.
Asimismo, en un comunicado destacaron las magnas obras detonadoras de desarrollo económico para el país y expresaron que la oposición miente al decir que las aportaciones a estados y municipios disminuyeron, pues en realidad el proyecto contempla un aumento significativo.
Al respecto, el diputado Jorge Luis Llaven Abarca apuntó que proyectos como el del Tren Maya, han sido generadores de empleos, especialmente para los estados del sureste del país, no como las obras que emprendieron los gobiernos de las administraciones pasadas que sólo promovían la privatización de los recursos de la nación.
Ejemplo de ello fueron las concesiones a particulares para la administración de penales que dio el gobierno de Felipe Calderón, condenando con ello al país a pagar una renta de más de mil 100 millones de pesos; mismos que fueron concluidos por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, terminando con ello la afectación a la hacienda pública. “Se les acabó el negocio”, expresó.
El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros señaló que la supuesta propuesta de presupuesto alterno de la oposición sólo plantea recortes a los programas sociales prioritarios y en las magnas obras, con el objetivo de “repartírselo en ramos y moches a los que estaban acostumbrados”.
Advirtió que además engañan a los gobiernos municipales diciendo que hay un recorte, cuando las participaciones y las aportaciones a los municipios son históricas. “Lo que sí es cierto, es que el gasto en desarrollo social programable alcanza una cifra histórica de 3 billones 403 mil millones de pesos”.
Mientras que el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez indicó que ya son tres presupuestos consecutivos aprobados y redireccionados, en el que se defiende el bienestar social y se plantea una visión con sentido humano.
Puntualizó que el movimiento de la Cuarta Transformación ha logrado acabar con el ramo 23, los recursos etiquetados, los moches y el saqueo al patrimonio nacional.
Ahora, refirió, no se convierten las deudas privadas, en deudas públicas, como en otras administraciones. Por ello conminó a los servidores públicos a vivir como la mayoría del pueblo y no pretender una vida onerosa.
En su oportunidad, la diputada Graciela Sánchez Ortiz dijo que el principal reto que se le presenta a la soberanía es la asignación responsable de los recursos a las instituciones, por ello, apuntó que el presupuesto a los partidos políticos debe ser congruente con una política de austeridad.
En ese tenor, expresó que es necesaria una reforma constitucional para reducir al mínimo el financiamiento público, “la democracia no tiene que ser cara, sino eficiente”.
Finalmente, la diputada Rosalba Valencia Cruz recordó que los municipios son la instancia de poder más cercana a la ciudadanía, y es a ellos y a los estados a los que se les otorga el 28.9 por ciento del gasto neto total del presupuesto, es decir, para estos órganos el aumento de asignación es de 4.7 por ciento.
Sin embargo, aunque se dio un aumento, los recursos no siempre son bien administrados y con frecuencia los alcaldes o gobernadores contraen deuda pública, por mala planeación y prácticas.
“No estamos en contra de presidentes y presidentas municipales, sino de sus malas prácticas”, manifestó.