La universidad más antigua de Europa fue fundada en Bolonia en el siglo XII, pero el ingreso de las mujeres comenzó hasta 1860. En México, la primera mujer en graduarse fue la médica poblana Matilde Montoya en 1887; la prensa de la época la acusó de perversión.

Más de cien años después, en el año 2007, la proporción de estudiantes universitarios ya era 51-49 a favor de las mujeres. No obstante, “a las mujeres siempre se les ha visto como intrusas en las universidades. La presencia de mujeres todavía no ha derivado en la participación en la toma de decisiones; más aún, prevalecen las desigualdades interseccionales”.

Así reflexionó María Guadalupe Ramos Ponce, integrante del Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres (CLADEM), en el marco de las jornadas universitarias #NoMás Violencias ni discriminación en los entornos educativos de la IBERO Puebla.

Las brechas de género continúan presentes en las universidades. Los obstáculos que enfrentan las mujeres en su desarrollo profesional se presentan en lo que los feminismos denominan techos de cristal, de cemento y de dinero. En general, se trata de condiciones de desventaja propiciadas por las estructuras heteropatriarcales de ejercicio de gobierno.

“Si seguimos exigiendo nuestros derechos es porque la igualdad que percibimos no es de facto, no la vemos en lo cotidiano”. De ahí la necesidad de desmontar las estructuras sociales que reproducen las dinámicas de poder a través de la normatización, normalización y naturalización de las violencias.

En respuesta, Nanci Fraser propone acciones transformadoras a partir de la representación de los intereses de las mujeres en las instituciones y el reconocimiento de sus aportaciones a la vida social y académica. Así, las perspectivas que buscan impulsar la igualdad sustantiva se asumen de manera proactiva para contrarrestar las deudas históricas de paridad.

La igualdad de género, explicó Ramos Ponce, no implica que hombres y mujeres sean tratados como idénticos, sino que se erradiquen las circunstancias que las imposibilitan de ejercer sus derechos y tener acceso a recursos para el desarrollo. En el contexto universitario, esto supone que las mujeres tengan las garantías necesarias para el disfrute de los derechos humanos.

Para lograrlo, es necesario contar con herramientas de análisis que permitan transversalizar la visión diferenciadora de las condiciones de unos y otras. Los resultados no solo implicarán el goce de los derechos inherentes a las mujeres, sino también el abordaje de desigualdades específicas relacionadas con el ingreso salarial, la participación política y el acceso a la vida libre de violencia.

A decir de la catedrática de la Universidad de Guadalajara, uno de los principales obstáculos para alcanzar la igualdad es la violencia de género, entendida como un instrumento de control sobre el cuerpo y la libertad de las mujeres. A través de expresiones como el acoso y el hostigamiento, las normas patriarcales históricas han buscado que las mujeres no tengan acceso al espacio público. Estos mecanismos se replican frecuentemente en las escuelas.

No existen estadísticas reales ni acompañamiento institucional a las denuncias por casos de acoso y hostigamiento en las universidades ─las cuales vivieron un repunte histórico en 2020─, pues “las estructuras de denuncia siguen estando dentro de la institucionalidad”.

Ante el surgimiento de denuncias públicas, las instituciones optaron por proteger al profesorado bajo el principio de apego al debido proceso. Los protocolos, indicó Guadalupe Ramos, deben contar con una perspectiva de género que comprenda los procesos individuales de asimilación y denuncia de las víctimas. Esto debe ir encaminado por la deslegitimación de la violencia para acabar con los mantos de impunidad en todos los espacios.

Sobre las acciones prioritarias rumbo a la igualdad sustantiva, enlistó la necesidad de elaborar diagnósticos con perspectiva de género; construcción de indicadores de igualdad de género; rendición de cuentas y transparencia en las políticas correspondientes; garantizar la paridad en la toma de decisiones, y capacitar al personal en cuestiones de género, entre otras.

Como agentes transformadores que son, las universidades deben asumir un compromiso contra el acoso y el hostigamiento sexual, así como a favor de la paridad. Concluyó la abogada feminista: “la igualdad sustantiva supone un modelo de universidad incluyente, en donde la diversidad se respete, se propicie la participación plena de las mujeres y se garanticen los espacios libres de violencia”.

Bajo esa mirada, la Ibero Puebla publicó el pasado 10 de noviembre su Política de igualdad y transversalidad de la perspectiva de género, la cual es aplicable en todos los ámbitos del quehacer universitario. De la mano de esta acción, recientemente se lanzó la convocatoria para integrar la Comisión de Igualdad de Género institucional.