Los tres niveles de gobierno deben garantizar que las personas liberadas de los centros penitenciarios tengan acceso a políticas transversales, con enfoque de género y prevención social de la violencia y de la delincuencia; y deberán favorecerlas con condiciones de vida digna, junto con sus familias y su entorno social, propusieron las senadoras Patricia Mercado Castro y Susana Harp Iturribarría, en una iniciativa para reformar el Artículo 18 Constitucional en materia de reinserción social.

Durante la sesión ordinaria de hoy, las legisladoras de los Grupos Parlamentarios de Movimiento Ciudadano (MC) y de Morena, respectivamente, presentaron el proyecto de decreto firmado también por legisladores del PAN, PRI, PRD y sin grupo, apoyados con las propuestas de más de 70 organizaciones civiles.

En las modificaciones al mandato constitucional sugieren también que el sistema penitenciario se organice sobre la base del respeto a los derechos humanos. Además, en reclusión se garantizará el trato digno y humanitario basado en el trabajo y la capacitación para el mismo, la educación, la salud física y emocional, la cultura y el deporte como medios para lograr la reinserción social de las personas privadas de la libertad y procurar su no reincidencia.

Asimismo, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. En tanto, la federación y las entidades federativas celebrarán convenios para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa.

Las legisladoras Mercado Castro, y Harp Iturribarría coincidieron en sus presentaciones que a nivel nacional, 25.9 por ciento de la población privada de la libertad en 2016 fue juzgada penalmente por algún delito de manera previa al proceso que determinó su reclusión actual; y el 24.7 por ciento estuvo recluida previamente en un Centro Penitenciario.

Subrayaron que de acuerdo con los datos de la ENPOL, de las personas reincidentes en prisión el 35.9 por ciento reincidió en el primer año después de la puesta en libertad. Estos datos se agravan al considerar la enorme cifra negra sobre reincidencia, ya que una encuesta de ENVIPE el 93 por ciento de los delitos no se denunciaron o no se inició una averiguación

Previa y del total de averiguaciones previas abiertas sólo el 20 por ciento tuvo alguna consecuencia jurídica. Es decir, solo 1.4 por ciento de los delitos tiene consecuencias penales, señalaron.

También mencionaron que el 60 por ciento de la población privada de la libertad con antecedentes penales fue sentenciada por el delito de robo la última vez que fue juzgada penalmente, mientras que 12.9 por ciento fue procesada por posesión ilegal de drogas.

“Estos datos confirman que el objetivo del sistema penitenciario establecido en la Constitución, referente a procurar que las personas no vuelvan a delinquir, no está generando los resultados esperados, por lo que resulta urgente ampliar el alcance de la reinserción social para abordarlo también desde un enfoque de prevención social y no sólo punitivo”, enfatizaron las legisladoras de MC y Morena

La propuesta fue turnada, para estudio y dictamen, a las comisiones unidades de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.