En la Cámara de Diputados se plantea que las autoridades federales, estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se coordinen para desarrollar la atención sanitaria preventiva, la orientación a quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes, y la educación y servicios en materia de desnutrición crónica aguda, sobrepeso y obesidad.
El documento, que modifica el artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se turnó a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis y dictamen.
En los considerandos, destaca que el riesgo que representa este problema de salud no solo es responsabilidad del Estado, sino de la sociedad.
Por ello, señala, las acciones emprendidas deben seguir impulsándose para informar y alertar a la población, principalmente a los padres y tutores, del terrible riesgo que corren niñas, niños y adolescentes si no se toman las medidas necesarias para evitar que el sobrepeso y la obesidad sigan afectando a este grupo poblacional.
Advierte que el sobrepeso y obesidad en México son un problema que se presenta desde la primera infancia, entre 0 y 5 años, de acuerdo al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México. Al menos 1 de cada 20 niños y niñas menores de 5 años padece obesidad, lo que favorece el sobrepeso durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades circulatorias, del corazón, riñones, diabetes, entre otras.
“México es el primer país del mundo con mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad en niñas y niños y quien dice sobrepeso y obesidad, dice hipertensión, dice diabetes, dice cáncer y dice enfermedades cardiovasculares, que son condiciones que ponen aún más en riesgo a quien adquiere Covid-19 y entonces son procesos que hay que cuidar, sobre todo dentro del seno familiar”, indica.
La iniciativa refiere que la evidencia en el ámbito internacional muestra que los factores más importantes que promueven el aumento de peso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles conexas son: el consumo elevado de productos de bajo valor nutricional y contenido alto de azúcar, grasa y sal, así como la actividad física insuficiente.
Por ello, indica, la propuesta de reforma va encaminada a que se sigan llevando a cabo mecanismos de control que permitan dar debido cumplimiento a las obligaciones de garantizar el derecho a la salud y a la alimentación nutritiva, con la debida información que permita poner fin a este problema tan grave de salud.