El senador Ricardo Ahued Bardahuil propuso reformar los artículos 115,116, 122 y 123 de la Constitución Política para obligar a los gobiernos federal, estatales, municipales y de la Ciudad de México, así como a las empresas en general a celebrar convenios con los institutos que administran los fondos, para proporcionar vivienda digna con precios accesibles a los trabajadores, sin importar su denominación o situación contractual.

En su iniciativa con proyecto decreto, el legislador de Morena precisó que con los créditos también podrán construir viviendas, repararlas, mejorarlas, o bien, para pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Señaló que no basta que el Estado, a través de sus agentes, se limite a anunciar el derecho de vivienda para todas las personas sin hacer nada para que existan viviendas suficientes, por lo cual, dijo, la actitud que se espera de la autoridad consiste en un permanente análisis sobre los mecanismos y soluciones que respondan favorablemente a las demandas y problemas de nuestra sociedad.

Expuso que dentro del bloque de los derechos económicos, sociales y culturales se cuenta el de acceso a la vivienda. Algunos autores sostienen que desde una dimensión social se encuentra vinculado directamente con el derecho a la vida, pues éste se compone de cuatro derechos esenciales que son: el derecho a una alimentación adecuada; el derecho a contar con agua potable; el derecho a la salud y el derecho a la vivienda, enfatizó.

Señaló que la estrecha relación que guarda con el derecho a la salud se explica porque la vivienda constituye un espacio que protege del frío, del calor, de la humedad, de las lluvias, así como de cualquier evento que represente un riesgo o una amenaza para la salud y la integridad de las personas. Además, el espacio en el que se ubique una vivienda es un factor esencial para el desarrollo de la vida familiar, de ahí que también pueda ser visto y analizado desde el derecho de protección a la familia, acotó.

Esto implica, dijo, que en su reconocimiento se deben tomar en cuenta diversas consideraciones, pero principalmente que su promoción, garantía y aseguramiento debe llegar al mayor número posible de personas, lo que hace necesario un enfoque de progresividad en los entes de gobierno que tienen a su cargo esa labor y que deben realizar sin distinciones ni discriminaciones injustificadas que generen trabas u obstáculos innecesarios.

Por eso, indicó el legislador veracruzano, en la reforma constitucional que plantea busca establecer que los gobiernos federal, estatales, municipales, de la CDMX y las empresas de cualquier rama laboral, tengan la obligación de proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, a través de convenios que celebren con los institutos de vivienda que administran los fondos de vivienda.

Precisó que en el caso de las empresas, esa obligación se cumplirá mediante las aportaciones que éstas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

En tanto, el Estado lo hará mediante aportaciones que haga un fondo nacional de vivienda, con el fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

La propuesta fue turnada, de manera directa para estudio y dictamen, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.