Intolerable e inadmisible son las acciones de las autoridades del gobierno federal que atienden la emergencia en una mina de Sabina, Coahuila, donde aún están desaparecidas diez personas trabajadoras de las minas, así lo consideró el Centro de Derechos Humano “Zeferino Ladrillero”.

“Si bien todas las personas tienen derecho a ser buscadas; es intolerable la torpeza con la atienden a los familiares de las personas víctimas de una inundación al interior del socavón donde trabajaban de manera ilegal”, dijo José Lara.

El abogado del colectivo explicó que si bien se mantiene comunicación y algunos detalles sobre las labores de rescate que realizan efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es imprudente mencionar “todos los días, que están próximos a rescatar a las personas, cuando aún no ocurre.

“Desde el pasado miércoles se ha dicho de manera pública, todas las mañanas, que los efectivos militares están por llegar y rescatar a las víctimas; sin embargo, hemos rebasado los doce días después del accidente sin lograr recuperarlos, incluso, sin saber con certeza científica de su paradero”, explicó.

“Con esta política de un presunto rescate fallido que implementa la política de comunicación del gobierno federal, se revictimiza a los familiares; se ofrece una esperanza sin tener base sustentable, ni científica, de lograrlo.

Por otra parte, José Víctor Rodríguez –coordinador de comunicación y prensa del colectivo–, afirmó que las amenazas de muerte y asesinatos en contra de las personas que defienden las garantías individuales, “provocan un clima de inestabilidad en la gobernanza del país, este hecho debe corregirse de manera inmediata.

Explicó que “el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a reforzar la seguridad en todas las zonas del país a fin de que cesen los atropellos en contra de las personas defensoras, entre ellas, los periodistas”.

“Es inadmisible tolerar un clima de violencia que amenace a la sociedad civil, como lo que pasó en la víspera en entidades como Jalisco, Michoacán y Baja California; pero es mayor la tarea para el estado mexicano, cuando las víctimas son representantes de los medios de comunicación”, dijo.

Recordó que en ciudad Juárez fueron asesinados cuatro empleados de una estación de radio, entre ellos, el locutor Alan González, en un ataque a balazos que ocurrió en medio de ola de atentados en Chihuahua, “esto es inamisible”.

El periodista de profesión recordó que el uso de la fuerza sólo es facultad del Estado mexicano y éste debe garantizar la vida de todos los ciudadanos, entre ellos, periodistas y personas que defienden los derechos humanos.

“En ambos casos, el Estado mexicano carece de garantías para salvaguardar la integridad y la vida de las personas de la sociedad civil, de periodistas, de defensores de derechos humanos, siquiera de un grupo de trabajadores de una mina de debió atender con oportunidad; estamos en una situación muy crítica materia de derechos humanos”, concluyó.