Los organismos garantes actúan como contrapeso del poder político y contribuyen a la construcción de sociedades democráticas; algunos son producto de las luchas sociales de búsqueda de empoderamiento ciudadano.

Hace unos años era impensable conocer el salario del presidente o los contratos de obras públicas. En 1994, un colectivo de académicos y escritores publicaron el desplegado Veinte compromisos por la democracia, donde se planteó la necesidad de regular el derecho ciudadano a la información. El documento y las acciones del llamado Grupo Oaxaca permitieron que esta garantía fuera oficialmente reconocida bajo la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (2002).

La lucha social que dio origen al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha convertido a México en referente internacional en la materia. No obstante, los organismos autónomos han estado en el centro de una agenda gubernamental descalificadora.

México viene de un proceso de transición democrática donde se logró mitigar el control del espacio público y de la información. La relevancia de estas instituciones en la vida pública recae en su papel como contrapesos al poder que garantizan la formación de memoria, verdad y justicia, virtudes que fueron revisadas por la Ibero Puebla durante un conversatorio virtual.

En los procesos democráticos suelen existir debates sobre la forma en la que debe gestionarse el pasado con miras a un futuro distinto. Para la Dra. Lilia Vélez Iglesias, directora general Académica de la Universidad Jesuita, el pasado debe revisarse a través del acceso a la información. “Debemos tener documentos que nos indiquen qué ocurrió (…) Cada vez más existe una cultura que nos hace entender que tenemos derecho a saber”.

El derecho al acceso a la información se ha construido con acciones colectivas importantes desde las academias y la sociedad civil. Pese a los logros conseguidos, el principal reto para el avance recae en la falta de compromiso político. Advirtió Vélez Iglesias: “el discurso de que el INAI no sirve para nada olvida esta apropiación de un derecho y pretende, de un plumazo, desaparecerlo”.

La respuesta de la ciudadanía, siguió, tendría que venir con una revalorización de la historia para contemplar lo avanzado y lo perfectible. Como redes transversales de rendición de cuentas, los organismos autónomos deben responder a la crisis de credibilidad institucional que les dio origen y apelar a su papel de plataformas para la participación ciudadana efectiva y no militante.

El derecho de acceso a la información, alojado en el artículo 6° constitucional, propicia la participación ciudadana en la toma de las decisiones públicas y actúa como llave para el ejercicio de otros derechos. A decir de Adrián Alcalá Méndez, comisionado del INAI, “la información tiene un papel protagónico en la vida pública: es la base del debate y de la evaluación de los funcionarios”.

Tales son los múltiples casos de represión (Tlatelolco, San Fernando, Ayotzinapa) y corrupción (Odebrecht, los Duarte) que han sido desnudados gracias a la intervención del Instituto de Acceso a la Información con el fin de impulsar el debate público abierto y el acceso a la justicia. La memoria documental, dijo su representante, permite construir una agenda pública transparente y equitativa.

Creado tras la reforma constitucional de 2002, el Instituto actúa directamente por la garantía de los derechos humanos mediante la formación de sociedades más informadas y participativas. “El INAI reivindica la lucha social que le dio origen a través del diseño de políticas públicas que buscan construir beneficios concretos para particulares y la sociedad en general”.

La independencia de los órganos garantes se relaciona con la resolución de casos en los que se puede verse inmiscuido el Estado; la articulación de estos entes autónomos ha de garantizar el camino hacia la transparencia. Para ello, es necesario que exista un cumplimiento cabal de las disposiciones por parte de los sujetos obligados. Así lo observó Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.

La memoria y la verdad se enfrentan a la normalización de las atrocidades desde el aparato gubernamental. El compromiso de las instituciones, subrayó, es vital para la resolución de casos históricos que son arrojados a la espiral de impunidad que permite la falta de rendición de cuentas. “Mientras se mantengan en la opacidad y la impunidad no podremos avanzar en términos de una democracia sustantiva”.

Los panelistas coincidieron en que la transparencia proactiva puede cambiar realidades. Pero es necesario crear una cultura en la que la información se traduzca en beneficios reales para la ciudadanía y sea posible reducir las brechas digitales. A su vez, los mecanismos de diálogo con los sujetos obligados a rendir cuentas habrán de posicionar la transparencia como un valor civil de todas las personas.