Diputadas de Morena, PRI, MC y PRD aseveraron que es inaplazable reconocer la interrupción legal del embarazo, y que el Estado asuma su compromiso de garantizar el derecho a decidir de las mujeres y su acceso a servicios de salud.

En videoconferencia, destacaron que trabajan en una iniciativa plural, suscrita por más de 140 diputadas y diputados, que reforma las leyes generales de Salud, de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia y para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, a fin de garantizar en todo el país la interrupción legal del embarazo y se brinden los servicios de salud reproductivos y sexuales a las mujeres.

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora este 28 de septiembre, confiaron en que pueda ser discutida, dictaminada y avalada en este periodo de sesiones y llamaron a legislar sin prejuicios, visiones religiosas o morales, pues es un tema de salud pública.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briseño Zuloaga (Morena), sostuvo que es tiempo de avances y revoluciones en los derechos de las mujeres ya que, legal o no, las mujeres en México y en el mundo abortan, y el feminismo busca que quien decida hacerlo, sea de forma segura y sin ser criminalizada por este acto.

Explicó que las reformas que promueven, plantean la obligación de la Secretaría de Salud a garantizar los derechos sexuales y reproductivos; derogar el artículo relativo a la objeción de conciencia del personal de salud; habilitar servicios de planificación y anticoncepción, entre otros temas.

Además, establece la obligación de acceso de las mujeres a anticonceptivos de emergencia, sin importar la afiliación a una institución de salud; se incluye un capítulo de interrupción del embarazo para preservar la vida, salud física y mental de las mujeres.

“La interrupción del embarazo de manera segura y gratuita salva la vida de las mujeres, por lo que se requieren garantías para realizar esta práctica, con personal no objetor de conciencia. No se puede continuar con un esquema en el que se pone en riesgo la vida de las mujeres, se vulneran sus derechos y se les criminaliza”, aseveró.

Miroslava Sánchez Galván (Morena), presidenta de la Comisión de Salud, resaltó la importancia de avanzar en dos vertientes: garantizar los derechos a la salud de las mujeres y su derecho a decidir, y en la despenalización del aborto.

“Debemos buscar una mayor protección de los derechos de las mujeres y niñas en materia de salud sexual y reproductiva, así como la protección jurídica de profesionales de la salud que practican la interrupción legal del embarazo”, externó.

La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Aleida Alavez Ruiz (Morena), expresó su respaldo a trabajar por la despenalización del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y cuenten con la garantía de que se les respetará su decisión, sin ser criminalizadas.

“Esta es una demanda de hace años y esperamos que en esta Legislatura de la Paridad haya la sensibilidad necesaria para reconocer la interrupción legal del embarazo en todo el país y no sólo en la Ciudad de México y Oaxaca”, indicó.

La diputada Lorena Villavicencio Ayala, de Morena, resaltó que es inaplazable legislar por el reconocimiento, respeto y garantía del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, sexualidad y maternidad, por lo que exhortó a todos los grupos parlamentario a atender esta vieja demanda de las mujeres.

Este es un tema de justicia social y de salud pública, pues es la cuarta causa de muerte materna ante leyes restrictivas que han resultado en criminalizar a las mujeres y condenarlas a la muerte, asentó.

También de Morena, Rocío Villarauz Martínez, manifestó que los derechos sexuales y reproductivos, así como el decidir es para todas las mujeres del país y el aborto legal puede salvar la vida de miles de ellas.

“Como legisladora es nuestro deber garantizar el acceso a la salud de las mujeres, su autonomía y libre determinación; considerar que la salud y libertad reproductiva son un derecho humano al que todos debemos acceder”, dijo.

La diputada del PRI, Cynthia Ileana López Castro, sostuvo que la despenalización del aborto no debe ser un debate moral ni religioso, es tema de salud pública en el que se busca combatir y reducir los índices de mortalidad materna.

“Vivimos en un Estado laico y no podemos legislar con visiones religiosas, ni morales, tenemos que legislar por el bien de las y los mexicanos. Nadie está en contra de la vida, pero las mujeres van abortar sea o no legal y para aquellas que así lo decidan, debemos garantizarles condiciones de salud”, apuntó.

Llamó a que éste sea un tema que también aborden los hombres de esta Legislatura, piensen en las miles de mujeres que mueren todos los días en este país por abortar en clínicas clandestinas, en las peores condiciones de salud.

Martha Tagle Martínez, diputada de MC, señaló que están ante el último momento de la Legislatura para avanzar en la materia y no se puede aplazar más; es una reforma legal que requiere mayoría simple para ser avalada.

Le corresponde a la Legislatura de la Paridad velar por los derechos de las mujeres, ya que actualmente muchas mujeres no son solo sentenciadas a continuar con embarazos no deseados, sino quedan secuelas por practicar embarazos no seguros, aseguró.

La diputada Guadalupe Almaguer Pardo, del PRD, subrayó la importancia de garantizar la interrupción legal del embarazo y dejar de criminalizar a las mujeres que deciden realizar esta práctica; es un pendiente legislativo que se debe resarcir y que ha sido retrasado por muchos años.

“Siendo el aborto clandestino un serio problema de muerte materna en el país, el tema se vuelve un asunto de salud pública que a nivel nacional no ha sido atendido, además de que existe un severo problema de criminalización contra las mujeres”, señaló.

Refirió que en América Latina 6 mil mujeres mueren diariamente por complicación del aborto; en México los datos estadísticos reflejan la realidad no dogmática que enfrenta el país: cero defunciones por abortos legales en la Ciudad de México; abortos clandestinos, entre 750 mil y un millón; una denuncia diaria por esta práctica y 220 mujeres encarceladas por abortar, en 10 años.

Las diputadas condenaron el enfrentamiento que se dio ayer en la Ciudad de México, entre policías y organizaciones feministas que mantienen tomada la CNDH, luego de que éstas pretendían realizar una marcha para demandar la despenalización del aborto. En los hechos 11 policías resultaron heridas.

Apuntaron que las manifestaciones de los colectivos feministas son legítimas, reprobaron y calificaron como “linchamiento político” que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusara a la empresaria María Beatriz Gasca, vicepresidenta de responsabilidad social y recursos humanos de GINgroup, de financiar la toma de la CNDH.