El Pleno del Senado avaló un proyecto de decreto que incluye a la justicia cívica como un medio para prevenir y resolver problemas sociales, facilitar y mejorar la convivencia comunitaria y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o a actos de violencia.

Se busca, pasar del proceso actual de calificación y sanción de faltas administrativas y penalización de conductas delictivas, a la incorporación de una visión de justicia cívica que complementa el sistema vigente, a fin de facilitar y mejorar la convivencia en la comunidad.

El proyecto de decreto fue aprobado con 94 votos a favor y fue enviado a la Cámara de Diputados.

Al presentar el dictamen, que reforma los artículos 5, 17 y 21 de la Constitución, el senador Damián Zepeda Vidales, del PAN, enfatizó que se trata de un mecanismo que busca prevenir el delito, así como generar condiciones de armonía social y resolver los conflictos de manera pacífica en una etapa previa antes de que se conviertan en delitos.

El legislador dijo que en México se presentan más de 30 millones de ilícitos, muchos de ellos, si se hubiesen abordado los conflictos de manera adecuada, en sus ambientes cotidianos, colonias y parques, pudieron no haber sucedido.

“Se pudieran haber resuelto esas diferencias con instrumentos distintos a la materia penal, y eso es lo que busca este dictamen”, subrayó.

Queremos establecer con claridad en la Constitución que el objetivo que tiene la justicia cívica en México puede representar una alternativa muy positiva en materia de justicia para el país, insistió.

El dictamen establece que será competencia de las autoridades administrativas, la aplicación de sanciones por las infracciones en los reglamentos del gobierno y de la policía, las cuales consistirán en amonestación, multa, reparación del daño, arresto hasta por 36 horas o trabajo a favor de la comunidad.

Pero si el infractor no pagase la multa impuesta, se permutará por un arresto, que no excederá en ningún caso de 36 horas. El trabajo a favor de la comunidad no deberá conmutarse por multa, salvo las excepciones que establezca la ley.

En la discusión general, el senador José Luis Pech Várguez, de Morena, afirmó que la justicia cívica es un instrumento primario para la prevención del delito, la reparación de algún daño y la convivencia armónica.

La senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, expresó que se trata del primer escalón de la intervención de la autoridad para garantizar el cumplimiento de la ley y combatir la impunidad.

Por el Partido de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado dijo que el dictamen busca la visión democrática de arreglo de conflictos y no la visión punitiva. Apuntó que falta una ley secundaria que permita procedimientos más ágiles y eficientes en la materia, en pro de la cultura de la paz.

En tanto, Nancy de la Sierra Arámburo, del PT, refirió que el dictamen deja atrás el paradigma vengativo de “ojo por ojo”, para transitar a un modelo alternativo de justicia cívica de reparación del daño, prevención del delito y de construcción del tejido social.